La debida diligencia en derechos humanos se ha convertido en un tema relevante del debate global sobre desarrollo, inversión y sostenibilidad. Hoy, no basta con declarar compromisos o reaccionar ante crisis, sino se espera que Estados y empresas identifiquen riesgos, actúen de manera preventiva y asuman responsabilidad por los impactos que generan o a los que contribuyen. Este cambio de enfoque no es casualidad. Está siendo impulsado por regulaciones internacionales, por los consumidores y, sobre todo, por una creciente conciencia de que el desarrollo económico sin derechos humanos, en el largo plazo, es insostenible.
En el Perú, esta discusión adquiere una relevancia particular en los últimos años. La diversidad del sector minero, que abarca desde grandes operaciones formales hasta la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), además de la minería ilegal, revela los límites de las aproximaciones tradicionales. Durante años, el debate se ha concentrado en la gran minería, dejando fuera a otros segmentos donde los riesgos a los derechos humanos son igualmente evidentes, pero donde las capacidades institucionales y económicas son mucho más limitadas. En ese contexto, la debida diligencia ofrece un marco útil precisamente porque no es un modelo único, sino un enfoque que puede, y debe, adaptarse a realidades distintas presentes en nuestro país.
Desde la academia, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico viene aportando de manera sostenida a esta conversación, combinando investigación aplicada con espacios de diálogo multiactor. Este esfuerzo parte de una premisa clara: la debida diligencia no puede quedarse únicamente en el plano normativo o declarativo, sino que debe traducirse en herramientas prácticas que ayuden a prevenir conflictos, reducir impactos negativos y mejorar la gobernanza del sector extractivo en su conjunto.
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Un aporte clave en esta línea es el trabajo de Bettina Reyna, Gonzalo Delgado y Eduardo Vega sobre debida diligencia y derechos humanos en la MAPE. Su análisis pone en evidencia un punto fundamental: excluir a la minería artesanal y de pequeña escala del debate sobre debida diligencia en el país no elimina los riesgos, sino que los profundiza. Los autores muestran que aplicar este enfoque en la MAPE exige proporcionalidad, fortalecimiento de capacidades y una acción estatal más coherente, pero también subrayan que ignorar este subsector debilita cualquier estrategia seria de derechos humanos en el país.
En última instancia, hablar de debida diligencia en derechos humanos es hablar de cómo se toman decisiones en contextos complejos y quién asume los costos cuando esas decisiones fallan. Que esta discusión se esté dando desde el Perú, con un aporte activo de la academia y una mirada que reconoce la diversidad del sector minero, es una oportunidad que no debería desaprovecharse. En un mundo que avanza hacia estándares más exigentes, el desafío no es si el país debe adaptarse, sino cómo hacerlo de manera inteligente, realista y centrada en las personas.