El abogado César Pérez Escobar, integrante de la defensa de Adrián Villar Chirinos, anunció que se ha presentado una apelación contra la prisión preventiva de nueve meses impuesta tras la audiencia judicial que investigó la muerte de Lizeth Marzano. La medida fue dictada por el juzgado que lleva el proceso por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de un accidente.
Según el letrado, “ya se interpuso el recurso de apelación, ahora corresponde esperar la notificación oficial y acceder a la resolución completa para fundamentar nuestra posición”.
El recurso fue ingresado formalmente, y la estrategia legal se centrará en cuestionar la interpretación del juez sobre el supuesto “arraigo insuficiente”. La defensa sostiene que hay pruebas que demuestran la existencia de lazos familiares y actividades académicas en el país, elementos que, de acuerdo con el abogado, no fueron valorados adecuadamente al dictaminar la medida restrictiva. “Consideramos que la decisión no es correcta porque se ha demostrado que estudia y reside con su familia”, enfatizó el representante legal ante la prensa.
La resolución judicial establece que Villar Chirinos será trasladado a la junta de calificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), organismo encargado de definir el penal en el que cumplirá la medida preventiva. Mientras se realicen los trámites, el imputado permanecerá bajo custodia policial.
Uno de los principales cuestionamientos de la defensa apunta a la valoración que hizo el magistrado sobre la situación familiar. El juez consideró la separación de los padres del procesado como un indicio de falta de arraigo, argumento que Pérez Escobar rechaza tajantemente, “No podemos coincidir con esa lógica. Si así fuera, ningún hijo de padres separados podría acreditar arraigo familiar”, explicó. Además, aclaró que el joven convive con uno de sus progenitores y mantiene vínculos estables con ambos.
Motivos de la apelación y valoración de pruebas
El fallo también descartó la existencia de arraigo académico y laboral. Según el juez, no se presentaron certificados válidos sobre actividad universitaria en el año 2025. Sin embargo, el defensor precisó. “Se entregó una constancia de matrícula del periodo de verano 2026 emitida por la Universidad del Pacífico, además del carné universitario, que consideramos suficiente para probar su condición de estudiante”, precisó. Añadió que revisarán la resolución a detalle para estructurar nuevos argumentos en la apelación.
En relación con las pruebas toxicológicas, la defensa cuestionó que el juzgado no reconociera la validez de los certificados expedidos por el laboratorio ROE. “Un examen emitido por ese laboratorio tiene la seriedad suficiente y la rigurosidad, porque lo realizan profesionales competentes”, sostuvo Pérez Escobar. Aunque el Colegio Químico Farmacéutico del Perú afirma que solo los análisis coordinados con la Policía tienen calidad de peritaje, el equipo legal insiste en la legitimidad de la documentación presentada.
De acuerdo con el abogado, Adrián Villar ha sido informado sobre todas las consecuencias legales y se muestra dispuesto a afrontarlas. “Él está arrepentido y ha manifestado que asumirá las consecuencias; esta es una de ellas”, concluyó Pérez Escobar.