Las recientes declaraciones de una candidata a diputada del partido Venceremos, quien afirmó que “las viviendas que construye el sector privado solo están destinadas para que las compren los sectores A y B”, revelan algo más que una opinión ideológica que, como de costumbre, carece de sustento técnico: evidencian un profundo desconocimiento de cómo funciona cualquier mercado.
En el sector construcción e inmobiliario, como en todos los demás, la oferta no se define por prejuicios políticos, sino por la existencia de una demanda efectiva y por la rentabilidad esperada de los proyectos. El capital privado invierte allí donde existen condiciones económicas, regulatorias y financieras que hacen viable una iniciativa, independientemente del estrato socioeconómico al que esté dirigida.
Los datos oficiales desmienten con claridad el enunciado de la candidata. Según cifras del Ministerio de Vivienda y de CAPECO, hacia 2024, el 74,4% del total de la oferta de edificaciones urbanas se concentró en Lima Top y Lima Moderna, mientras que el 25,6% restante se distribuyó entre Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y el Callao. Afirmar que el sector privado “solo construye para los sectores A y B” es, simplemente, falso. Una cuarta parte de la oferta formal se desarrolla fuera de las zonas tradicionalmente asociadas a los mayores ingresos, atendiendo a segmentos medios y emergentes de la población.
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La ligereza del discurso se agrava cuando la candidata propone construir un millón de viviendas “sociales” por año, para luego “rectificarse” y plantear un millón en cinco años: 200.000 viviendas anuales. En 2024, la oferta total de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana y el Callao apenas alcanzó las 48.540 unidades. ¿Tiene sentido considerar viable una meta que cuadruplica la producción actual? ¿Con qué presupuesto y bajo qué capacidades de gestión?
Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) aporta más luces sobre la magnitud real del problema. Entre los años 2007 y 2024, la producción promedio de nuevas viviendas formales en las principales ciudades del Perú ascendió a 54.000 unidades por año. Esta oferta apenas logra cubrir alrededor de la tercera parte de la demanda anual, estimada en un promedio de 147.000 nuevos hogares por año. El déficit habitacional no es un fenómeno coyuntural ni se resuelve con anuncios grandilocuentes: es el resultado de décadas de desorden urbano, informalidad y políticas públicas mal diseñadas.
Más del 65% de las viviendas que se construyen cada año en el país son informales. A ello se suma una brecha persistente en el acceso a servicios básicos. En los últimos años, la brecha de acceso a agua y desagüe en zonas urbanas no solo no se ha cerrado, sino que se ha incrementado, pese a inversiones públicas que superan los S/ 15.000 millones. La escasez de suelo urbano habilitado, la inseguridad jurídica sobre la propiedad, la tramitología municipal y la debilidad de la planificación urbana constituyen las verdaderas barreras para el desarrollo de vivienda formal y accesible.
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Ignorar estas restricciones estructurales y, en su lugar, responsabilizar al sector privado o prometer cifras imposibles solo contribuye a desinformar al electorado. Quizás lo único rescatable de este tipo de declaraciones es que permiten identificar rápidamente propuestas demagógicas y carentes de sustento técnico. En tiempos electorales, escuchar con atención y contrastar discursos con datos es, más que un derecho, una obligación ciudadana.