Luego del operativo al interior del penal de Barbadillo en el que se intervino la celda de Pedro Castillo y otros expresidentes en el penal del Barbadillo, el ex mandatario exigió que se realice una requisa similar en la celda de Vladimiro Montesinos, recluido en la Base Naval del Callao.
El sentenciado expresidente envió un oficio al presidente José Jerí en el que solicitaba que, tal como se hizo en su caso, se acuda al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao y se “haga requisa de celulares y laptops” en la celda de Vladimiro Montesinos.
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El argumento principal de Castillo sostiene que el asesor del exdictador Alberto Fujimori cumpla su sentencia hasta el año 2037 y se evite “despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar un niño desnutrido (...)”. Además, el expresidente solicita a Jerí que Montesinos sea enviado al penal de Challapalca para “elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente”.
Las piñas de Castillo
Por otro lado, debido a que la presencia de frutas en la celda de Castillo -entre ellas una piña- generó la indignación de un sector de la ciudadanía, el expresidente respondió públicamente en su cuenta de X y anunció que se repartirán piñas de forma gratuita en la puerta del penal de Barbadillo.
“Gracias al cariño y solidaridad de mis hermanos, agricultores y productores de piña, esta fruta, gratis se entregará al pueblo, el sábado 14 de febrero a partir de las 10:00 a.m. en la puerta del penal de Barbadillo (...) Nuestros enemigos políticos, noticiosamente se burlaron y nos escupieron en la cara, intentando humillarnos, a mí y al pueblo a quien represento, por tener una piña entre mis alimentos; sin embargo, cada vez que nos atacan nos hacen más fuertes y decididos”, indicó el expresidente en su cuenta oficial de X.
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Pedro Castillo denuncia al INPE
El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) luego de la filtración de fotografías tomadas durante una requisa en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde diciembre de 2022. La acción legal, interpuesta por su abogado Walter Ayala, se dirige específicamente contra el director de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, y la presidenta del organismo, Shadia Elizabeth Valdez Tejada.
El documento, ingresado el 10 de febrero de 2026 ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, sostiene que la difusión de imágenes del espacio privado de el expresidente constituye abuso de autoridad, violación de la intimidad, revelación de información reservada e incumplimiento de deberes funcionales. El escrito enfatiza que la filtración vulnera lo dispuesto en el artículo 2, inciso 7, de la Constitución Política del Perú y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), exponiendo al interno a juicios mediáticos y estigmatización.
El exmandatario, condenado a 11 años de cárcel por el delito de conspiración de rebelión, argumenta que la toma y posterior divulgación de fotografías de su celda, en las que se observan objetos personales y las condiciones de su entorno de reclusión, se realizó sin consentimiento y con el único propósito de desviar la atención pública.
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