No solo se trata de ataques a buses de transporte público urbano. La ola criminal también ha alcanzado al transporte interprovincial formal. En varios puntos del país, las empresas han dejado de circular con normalidad por temor a represalias de bandas criminales que han tomado el control de los paraderos más concurridos.
Ya no se trata de una baja demanda de pasajeros ni de dificultades operativas, sino de territorios donde el control del Estado ha sido reemplazado por la violencia y la informalidad.
Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transportistas Interprovinciales (Cotrap-Apoip), describe estas áreas como “zonas liberadas”, espacios donde los buses formales simplemente no pueden detenerse.
“Hay casos como el Puente Alipio, que es zona liberada. Ningún bus que va a Ica puede parar ahí. No porque no pueda, sino porque los miran con piedras e incluso con disparos al aire”, advirtió en entrevista con RPP Noticias.
Violencia cerca de comisarías
Uno de los aspectos más preocupantes de estas zonas es su ubicación. No se encuentran en áreas alejadas ni sin presencia de las autoridades. Por el contrario, muchas operan a la vista de efectivos policiales.
Ojeda señaló que el problema se repite en zonas céntricas de Lima y en puntos clave para las empresas de transporte, como Surco, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Los Olivos, debido a su cercanía con la Panamericana, una de las vías de circulación más importantes del país.
“En la zona de Atocongo, a escasos metros de la comisaría y a dos kilómetros de la jefatura de la Policía de Carreteras, es zona liberada”, sostuvo. En estos puntos, los autos colectivos informales recogen pasajeros de manera abierta, desplazando a las empresas formales.
Para el gremio, la impunidad con la que la informalidad ha llegado a operar en zonas como Surco, incluso cerca de una comisaría, evidencia una falla estructural del sistema de fiscalización.
Un patrón que se repite en todo el país
Lo que ocurre en la capital no es una excepción. Según Ojeda, el mismo escenario se reproduce en diversas regiones, donde los colectivos informales se han instalado en rutas de alto tránsito sin restricciones reales.
“Es así en Cusco, en Arequipa, en Piura, en todas partes del país”, enumeró. En estas zonas, explicó, los paraderos improvisados se convierten en puntos permanentes de operación ilegal, afectando tanto a las empresas formales como a los usuarios.
La expansión de estas zonas ha generado, además, el cierre de rutas cortas operadas legalmente, debido a la imposibilidad de competir con servicios que no cumplen estándares mínimos de seguridad.
La normalización del desorden
Para los transportistas, el problema más grave es que esta situación se ha vuelto cotidiana. La informalidad, la violencia y la falta de intervención del Estado han terminado por integrarse y desencadenar una crisis en el gremio.
“Lo peor es que, como se viene viviendo el tema de la extorsión, esto ya es normal. A veces ves a los autos colectivos estacionados al costado de la carretera y la policía puesta a dos metros y no les dice nada”, afirmó Ojeda.
El dirigente exhortó a las autoridades a reforzar los controles para evitar que los colectivos informales sigan poniendo en riesgo la vida de cientos de pasajeros.