Lima y otras grandes ciudades del Perú, sobre todo en el sur, quedarían expuestas a apagones y alzas en las tarifas eléctricas si se implementa el reglamento de la Ley 32249 tal como está planteado, según el exviceministro de Energía, Arturo Vásquez.
El nuevo esquema de licitaciones por bloques horarios prioriza la entrada de energía solar y eólica, pero no garantiza cobertura durante la noche ni la madrugada. Esta situación obligaría a los distribuidores a comprar energía más cara de última instancia, trasladando el sobrecosto al usuario final.
La regulación de la Ley 32249 genera preocupación por suministro eléctrico en Perú
Vásquez advierte que este modelo puede poner en jaque la seguridad eléctrica nacional y aumentar la vulnerabilidad frente a fallos de suministro. “El problema es que las centrales renovables solo cubren el día, pero dejan sin respaldo las horas clave de mayor demanda; eso se traducirá en tarifas más altas para todos”, afirma.
El también exgerente de Estudios Económicos de Osinergmin señala que esta fragmentación del suministro, lejos de optimizar costos, “obliga a buscar energía más cara en el mercado para completar las 24 horas, y eso termina en el recibo del usuario”.
Vásquez sostiene que experiencias en Chile y España ya demostraron los riesgos de impulsar renovables sin una red preparada ni servicios complementarios. “Incluir renovables tan rápido sin reforzar transmisión ni exigir respaldo técnico genera sobrecostos, cortes y apagones”, advierte.
Asegura que el mercado regulado —el que agrupa a hogares y pequeños negocios— necesita estabilidad y precios bajos, algo que no se logra fragmentando la oferta por horarios. “No estamos aplicando lo que dice la ley: garantizar suministro continuo al menor costo. El reglamento, así como está, va en contra del objetivo principal”, denuncia.
El sur de Perú enfrenta riesgos de desabastecimiento eléctrico por cambios regulatorios
Otra crítica central es la restricción a los contratos bilaterales, mecanismo que históricamente permitió asegurar energía en regiones aisladas o con problemas de transmisión. “Si se prohíben estos contratos, los distribuidores se quedan sin herramientas para negociar y sin margen de maniobra ante emergencias”, subraya Vásquez.
También cuestiona la sobreintervención de Osinergmin, que según el reglamento tendría un rol decisivo y burocrático en la planificación de compras eléctricas. “El regulador debe supervisar y garantizar competencia, no decidir cuánto, cómo y dónde comprar energía. Si se equivoca, ¿quién asume la falta de suministro?”, advierte.
El exviceministro alerta que los precios que ofrecen las renovables no reflejan el costo real, ya que no asumen baterías ni respaldo. “Piden contratos baratos para hacer bancable el proyecto, pero si tuvieran que garantizar energía firme, los costos se disparan y la diferencia la paga el usuario”, explica.
¿La prohibición de contratos bilaterales es identificada como un factor de vulnerabilidad?
Según Vásquez, en el sur del país, donde se concentran las nuevas plantas solares sin suficiente respaldo hidráulico o térmico, el riesgo de apagones es mayor. “En Lima existe algo más de seguridad por el sistema hidráulico y térmico, pero el sur está desprotegido”, remarca.
“El reglamento debe asegurar energía las veinticuatro horas al menor costo, permitir contratos de energía y potencia, y evitar que el Estado inmovilice el mercado con trabas burocráticas”, concluye Vásquez. El debate sobre la versión final del reglamento sigue abierto, mientras crecen las alertas por los riesgos en el servicio y el impacto en el bolsillo de los usuarios.