Las demoras crónicas en los hospitales públicos del Perú han dejado de ser un problema administrativo para convertirse en una grave amenaza de salud pública. Hoy, los retrasos en el acceso a consultas, diagnósticos y tratamientos médicos están elevando de manera directa la mortalidad por cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, evidenciando serias brechas en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.
Desde una perspectiva clínica, la atención oportuna no es un lujo ni una recomendación opcional. Los protocolos internacionales y las propias guías del Ministerio de Salud establecen que un paciente con sospecha oncológica, metabólica o cardiaca debe ser evaluado en un plazo máximo de 72 horas. Los exámenes diagnósticos no deberían extenderse más allá de siete días y, una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento debe iniciarse de inmediato. Cada día de retraso reduce las probabilidades de supervivencia y aumenta el impacto físico, emocional y económico tanto para el paciente como para el sistema de salud.
Sin embargo, la realidad del sistema público dista peligrosamente de estos estándares. Datos oficiales del Ministerio de Salud y de EsSalud revelan que más del 60 % de los pacientes que requieren atención especializada espera entre 30 y 90 días para acceder a una consulta. En el caso de oncología, los tiempos de espera pueden superar los 120 días, según informes de la Contraloría General de la República. Estas cifras no son neutras: el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reconoce que el cáncer es ya la segunda causa de muerte en el país, con más de 70 mil nuevos casos al año, muchos de ellos diagnosticados en etapas avanzadas.
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En medicina, el tiempo es un factor decisivo. Retrasar la atención equivale, en la práctica, a negar el servicio. Semanas o meses de espera pueden marcar la diferencia entre un tratamiento curativo y uno paliativo, entre la vida y la muerte. No se trata de episodios aislados ni de fallas circunstanciales, sino de una crisis estructural que responde a deficiencias en planificación, gestión y financiamiento del sistema de salud público.
La inacción, además, tiene un alto costo económico. Tratar una enfermedad en etapa avanzada puede costar hasta cinco veces más que una intervención temprana, según cifras oficiales. Es decir, no prevenir ni tratar a tiempo no solo cobra vidas, sino que también encarece un sistema ya sobrecargado. Persistir en este modelo resulta ineficiente, injusto y profundamente antitécnico.
Frente a este escenario, el Estado no puede seguir normalizando la espera como parte del proceso de atención. El Congreso y el Ejecutivo tienen una responsabilidad política y moral ineludible: corregir un sistema que hoy está fallando a millones de peruanos. Garantizar atención médica oportuna no es un privilegio; es una obligación constitucional que, cuando se incumple, tiene consecuencias irreversibles.
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