La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la ejecución de la obra de reconstrucción de la Avenida Don Bosco, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Según el Informe de Auditoría n.° 054-2025-2-6042-AC, funcionarios municipales gestionaron y autorizaron el pago de S/ 123.900 a favor de un contratista por servicios de especialistas que no participaron en la ejecución de los trabajos.
La auditoría, que analizó el periodo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, determinó que la entidad también omitió la aplicación de penalidades por incumplimiento de contrato que ascienden a S/ 386.250, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.
Habían sido advertidos anteriormente
La investigación del Órgano de Control Institucional (OCI) verificó irregularidades que iniciaron desde los actos preparatorios, detectándose que se invitó a cotizar a empresas vinculadas entre sí. La buena pro fue otorgada a un consorcio que propuso especialistas en las áreas ambiental y de calidad que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
A pesar de que el OCI advirtió mediante informes de control simultáneo la ausencia del personal durante la ejecución, los funcionarios no adoptaron acciones correctivas y permitieron la continuidad del trámite de pago de nueve valorizaciones.
El contratista intentó justificar la supuesta labor de los profesionales mediante fotografías; sin embargo, los auditores constataron que en dichas imágenes no se visualizaba la participación de los especialistas, confirmando su inasistencia.
Esta situación derivó en que la Subgerencia de Infraestructura comunicara recientemente una observación a la liquidación de la obra, donde se busca descontar los montos pagados indebidamente y aplicar penalidades por un total de S/ 787.706,75, monto que incluye las desviaciones notificadas previamente por el órgano de control.
Quiénes son los funcionarios implicados
La Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en tres funcionarios de las áreas de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Abastecimiento. Entre los señalados figura la jefa de la oficina de Abastecimiento, Armandina Pongo Minga, quien condujo el procedimiento de contratación directa invitando a postores vinculados y otorgando la buena pro a un consorcio que ni siquiera fue invitado.
Además, se le cuestiona por realizar gestiones administrativas inusualmente rápidas para perfeccionar el contrato sin corroborar la veracidad de la documentación presentada por los especialistas propuestos.
Asimismo, se determinó la responsabilidad del subgerente de Infraestructura, Johny Henry Castillo Calderón, quien brindó conformidad para el contrato a pesar de las deficiencias técnicas de la oferta. Castillo omitió resguardar los intereses de la entidad al no aplicar penalidades tras ser informado de la ausencia de los profesionales y brindar conformidad a las valorizaciones que contenían informes de servicios no realizados.
Por su parte, el gerente de Desarrollo Urbano, Felipe Iván Sánchez Cumbicus, documentó la ausencia de los especialistas en el cuaderno de obra en reiteradas ocasiones cuando ejerció como inspector, pero no emitió los informes necesarios para las sanciones correspondientes.
Caos administrativo en la Oficina de Tesorería
Durante el desarrollo del servicio de control, se reveló una precaria situación logística en la Oficina de Tesorería de la municipalidad. Se verificó que esta área no cuenta con el espacio físico suficiente para el desarrollo de sus labores ni para el archivo de documentos, sumado a una falta de personal para atender los requerimientos de información de manera oportuna. Esta carencia de un sistema de archivo adecuado dificulta la ubicación de documentación clave para la transparencia y fiscalización de los recursos municipales.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha recomendado a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios el inicio de las acciones penales contra los involucrados. El informe ya ha sido notificado al alcalde distrital para que se realicen los deslindes de responsabilidad administrativa que correspondan, mientras la entidad evalúa cómo recuperar los fondos mediante el descuento en la liquidación final o la ejecución de las cartas fianza del contratista.
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