La minería es uno de los pilares de la economía peruana y representa más del 60% de las exportaciones. Pero su competitividad no depende solo de los precios internacionales: exige un entorno fiscal y regulatorio estable. En un país con ciclos recurrentes de incertidumbre política, contar con un marco tributario claro y predecible es indispensable para que los proyectos avancen con continuidad.
La aprobación del dictamen que amplía el Reinfo hasta el 2026 refuerza la continuidad de medidas transitorias que no resuelven los problemas estructurales del proceso de formalización minera. Tras casi una década de vigencia, el registro ha evidenciado sus límites y, en la práctica, ha generado un círculo que prolonga la informalidad en lugar de reducirla. Este escenario confirma la necesidad de contar con instrumentos permanentes, una supervisión efectiva y un marco normativo que diferencie con claridad a los operadores que cumplen con sus obligaciones ambientales, laborales y tributarias.
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Para sostener a la minería como motor económico, el país necesita reglas estables que permitan planificar inversiones y evitar cambios repentinos. Un entorno predecible reduce riesgos, mejora el costo de financiamiento y hace posible que las operaciones se desarrollen de manera sostenida.
La experiencia internacional es clara. Países como Canadá, Australia y Chile han consolidado marcos fiscales consistentes que reducen el riesgo y mantienen un flujo constante de proyectos. En el Perú, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el ciclo de inversión minera puede extenderse hasta unos 40 años desde la exploración hasta la producción, por lo que cualquier incertidumbre regulatoria puede frenar decisiones, postergar proyectos o encarecer el financiamiento.
La estabilidad fiscal también es clave para quienes buscan formalizarse. La formalización solo será sostenible si se garantiza asistencia técnica, acceso al crédito y acompañamiento estatal. Sin estas condiciones, muchos pequeños productores seguirán operando al margen o quedarán atrapados en mecanismos transitorios como el Reinfo.
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Avanzar hacia la formalidad no implica permisividad. La minería ilegal, que evade impuestos, degrada ecosistemas y alimenta redes criminales y violentas, ya le cuesta al país cerca del 2,7% del PBI. Este impacto creciente deteriora la competitividad del sector y la seguridad de las regiones. Las operaciones formales —que cumplen con la normativa y apuestan por inversión responsable, gestión ambiental rigurosa y relaciones constructivas con las comunidades— requieren un marco coherente que reconozca su cumplimiento y les permita avanzar con continuidad.
Este 2026, el Perú tiene la oportunidad de construir una visión de largo plazo que brinde estabilidad, fortalezca la formalidad y atraiga inversión. La estabilidad fiscal no es una expresión técnica. Es la base que permitirá que la minería siga generando desarrollo, innovación y oportunidades para millones de peruanos.
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