María Teresa Cabrera juró como presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hoy martes 6 de enero, en una ceremonia que reunió a autoridades como el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino; el primer ministro, Ernesto Álvarez; y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Cabrera estará acompañada en la vicepresidencia por el magistrado Víctor Hugo Chanduví Cornejo. Su mandato culminará el cinco de enero de 2027.
Durante el acto de juramentación, Cabrera expresó su agradecimiento a los miembros de la Junta por la confianza depositada en su persona y destacó la importancia de fortalecer la legitimidad y el prestigio de la institución.
“Por mi honor, aseguro que esta Junta Nacional de Justicia cumplirá su función con independencia, imparcialidad y objetividad, respetando el debido procedimiento. Las resoluciones emitidas como pleno durante este primer año son prueba de ello. Cada caso será analizado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad para garantizar justicia en las decisiones; aquí no existe ni existirá lugar para ninguna cacería de brujas”, afirmó Cabrera Vega.
Reconoció que la institución enfrenta un contexto de crisis reputacional y desconfianza pública, agravado por los desafíos que representan la corrupción y la seguridad ciudadana. Cabrera también destacó el trabajo pendiente: identificaron ciento ocho procedimientos disciplinarios, treinta y seis investigaciones preliminares y doscientas veintiséis denuncias próximas a caducar, lo que exige una gestión eficiente y transparente. Además, manifestó su reconocimiento a su antecesor, Gino Ríos Patio, así como a los demás integrantes de la Junta, subrayando la necesidad de corregir las deficiencias administrativas detectadas al inicio de la gestión anterior.
Sin referirse de manera directa, Cabrera aludió a los cuestionamientos que marcaron el periodo previo, como la omisión del acta de sesión relacionada con la restitución de Patricia Benavides y la negativa a cumplir la orden judicial que disponía la reincorporación de Delia Espinoza. Insistió en que su administración velará por el cumplimiento estricto de la ley y la transparencia en cada procedimiento.
Perfil de jueza y excongresista
La nueva presidenta de la JNJ posee una trayectoria inusual, marcada por su paso tanto por la magistratura como por el Parlamento. Cabrera es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo también su Doctorado en Derecho. Cuenta con una Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Trujillo y formación especializada en Derecho Penal y Constitucional.
Antes de llegar a la esfera pública nacional, Cabrera sirvió como jueza durante más de 25 años. Su nombre cobró notoriedad en 2008 como titular del 27° Juzgado Penal de Lima, cuando dictó la sentencia privativa de libertad contra la conductora de televisión Magaly Medina, tras el juicio por difamación iniciado por el futbolista Paolo Guerrero. Este caso la proyectó al ojo público y consolidó su imagen como autoridad judicial.
En 2020, Cabrera incursionó en la política al postular y ser elegida como congresista por el partido Podemos Perú. Durante su gestión en el Parlamento (2020-2021), integró la Mesa Directiva como tercera vicepresidenta, formó parte de la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, y presidió la Comisión de Defensa del Consumidor. Su paso por el Congreso ha generado debates sobre la independencia que debe mantener la JNJ, además de dejar una huella en el escenario político nacional.
Desafíos y compromisos
La llegada de Cabrera al máximo cargo del sistema de control judicial ocurre en un momento crítico para la institucionalidad del país. Su experiencia tanto en la judicatura como en la política nacional la pone bajo escrutinio, especialmente respecto a la autonomía que debe garantizar la JNJ.
Cabrera ha subrayado que su gestión estará regida por la objetividad y la imparcialidad, alejándose de cualquier influencia partidaria. El reto inmediato será liderar la evaluación de magistrados supremos y atender los procedimientos disciplinarios pendientes, con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Además, deberá hacer frente al desafío de consolidar la independencia de la JNJ frente a los poderes políticos y sociales, asegurando que la selección, nombramiento y ratificación de jueces y fiscales se realice bajo estándares estrictos de mérito y transparencia.