El abogado de Ciro Castillo, el ahora exgobernador del Callao, Humberto Abanto, presentó una apelación ante el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, para revertir la detención preliminar por 15 días y el allanamiento que se dictaminó en contra de su cliente. La defensa calificó como infundadas las medidas aplicadas, los registros personales y la incautación de bienes, y solicitó que se declaren nulas.
Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público habían ejecutado el lunes una operación en la que se allanaron los domicilios de Castillo y otros implicados en el caso ‘Los socios del Callao’. Al cierre de la jornada permanecía como no habido.
La tesis de la Fiscalía se centra en que el exgobernador habría encabezado una estructura dedicada a direccionar más de 60 contrataciones públicas. Junto a dos funcionarios designados bajo su gestión habrían evitado los mecanismos de selección previstos por ley, concentrando adjudicaciones tanto en el propio gobierno regional como en el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) del Callao. Según la fiscalía, el perjuicio económico ascendería a S/ 1 millón 461 mil 121.10.
Apelación de la defensa
Abanto argumenta que la supuesta condición de líder de organización criminal atribuida a Castillo se basa únicamente en dos hechos: ser gobernador regional y haber nombrado a personas de confianza, atribuciones propias de su cargo. “Ningún dato objetivo se aporta acerca de que haya participado en los procedimientos de contratación cuestionados, por razón de [su] cargo; y que hayan sido ejecutados por órdenes [suyas]. Se sustituye los datos objetivos por simples suspicacias“, agrega la apelación, de acuerdo con RPP.
Respecto al riesgo de fuga, el letrado sostiene que la fundamentación fiscal descansa en hechos generales aplicables “no solo a cualquier autoridad, sino a toda persona por encima de la línea de pobreza”, sin ofrecer evidencia específica que sustente una alta probabilidad de evasión. “No se aporta elemento probatorio alguno que se oriente a sustentar la alta probabilidad de que el imputado fugue”, asegura la defensa.
El recurso también rechaza la hipótesis del juzgado respecto a una supuesta influencia de Castillo sobre funcionarios activos o la eliminación de documentos. “La resolución establece que el investigado Ciro Castillo Rojo Salas ‘podría influir en funcionarios activos’ y ‘facilitar la desaparición de documentos’, pero sin precisar quiénes serían esos funcionarios ni precisar cuáles serían esos documentos”, cita el recurso.
Avance del operativo
La Policía mantiene activa la búsqueda de Ciro Castillo. El general PNP Luis Alberto Lira Limo, director de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), informó que la última aparición pública conocida de Castillo ocurrió hace cuatro días. “Hace cuatro días se le vio en una actividad social, participando. A partir de que comenzamos el trabajo ya no se le ha visto al presidente regional. Justamente estamos ahorita efectuando el trabajo, con dirigencia del Ministerio del Interior, para lograr ubicarlo”, detalló.
El operativo permitió la detención de cinco personas hasta la tarde del lunes, entre ellas funcionarios implicados en la investigación. “En la mañana, hemos detenido a cuatro; hace una hora hemos tenido uno más, cinco. Faltan efectuar allanamientos y ojalá que en esos allanamientos que se tiene [pendientes], se le puede encontrar a él y a los otros dos funcionarios que falta por detener”, precisó.
En su defensa, el equipo legal de Castillo resalta que la motivación judicial descansa en hipótesis no corroboradas y riesgos abstractos. “El Juzgado, al hacer uso de expresiones hipotéticas -como ‘podría’ o ‘es razonable inferir’-, pone en evidencia la ausencia de hechos actuales que sustenten la medida. Cabe agregar que la motivación debe ser concreta y no basada en suspicacias, conjeturas o presunciones genéricas, en especial, cuando se afecta el derecho fundamental a la libertad. Los peligros no pueden ser únicamente abstractos, es indispensable que concurran peligros concretos para justificar la decisión de interferir dentro del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental”, sostiene el recurso.