La inmovilidad de 25 ambulancias en el Hospital de la Policía abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de los recursos públicos dentro del sistema de seguridad. La situación salió a la luz tras una publicación televisiva que mostró unidades nuevas sin destino ni operación, pese a que varias regiones registran carencias severas en su atención prehospitalaria.
El Ministerio Público intervino tras la información difundida. La reacción fiscal se produjo en un contexto en el que agentes y familiares describen un sistema de auxilio limitado, con vehículos en mal estado y traslados improvisados. El episodio reciente de un suboficial en San Juan de Miraflores, asistido en el auto de un vecino después de un atentado, incrementó el desconcierto. Mientras tanto, las ambulancias nuevas permanecen sin uso. El contraste impulsó reclamos desde distintas zonas del país.
En ese escenario, el caso se convirtió en un punto de atención nacional por el impacto que puede tener en el desempeño de la Policía Nacional y en la gestión de emergencias. Las diligencias iniciales buscan esclarecer el origen del retraso y la intervención de los responsables en todas las etapas del proceso.
Investigación fiscal sobre la compra de ambulancias
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro inició diligencias preliminares contra quienes resulten responsables del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. El proceso se centra en la adquisición de veinticinco ambulancias destinadas a la Sanidad Policial. Según el Ministerio Público, los vehículos permanecen sin uso “desde hace más de seis meses”, pese a que debían llegar a ciudades como Tacna, Huancavelica, Piura y Tumbes.
La fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos asumió la investigación sobre la compra efectuada por el Ministerio del Interior. El valor total asciende a S/ 4 639 920.30. La entidad dispuso la intervención de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional durante un plazo de sesenta días. El equipo deberá obtener la documentación completa de la licitación y el cronograma de ejecución.
El Ministerio Público ordenó, además, identificar a todos los funcionarios que participaron en las etapas de requerimiento, adquisición, recepción y custodia. El objetivo es establecer responsabilidades y determinar si existió interés indebido en la contratación. El organismo enfatizó que con estas acciones reafirma su compromiso con “la persecución del delito y las investigaciones penales para cautelar el buen uso de los recursos públicos”.
Ambulancias sin uso y necesidades urgentes
El reportaje de Punto Final mostró unidades Hilux y Peugeot Boxer de los años 2026 y 2025 dentro del Hospital de la Policía. Según la investigación periodística, las ambulancias continúan inmovilizadas por falta de seguros, placas o equipamiento. La ausencia de estos requisitos impide su entrega y operación.
Mientras tanto, establecimientos de la Policía Nacional en distintas regiones operan con limitaciones. Agentes y familiares señalaron que, ante emergencias, deben solicitar auxilio al SAMU, a los bomberos o a camionetas policiales convertidas en vehículos de traslado. El caso del suboficial en San Juan de Miraflores reflejó ese vacío. El familiar que presenció el hecho explicó que la ambulancia policial no llegó a la vivienda del agente por falta de potencia y fallas en el motor. “Finalmente, fue un vecino quien auxilió al agente”, detalló el testimonio.
La licitación para las veinticinco ambulancias se realizó en 2024 durante el mandato de Dina Boluarte. El monto total fue de 4.639.920 soles y el objetivo consistió en reforzar la atención médica de la Policía Nacional en Lima y regiones como Abancay, Huánuco, Juliaca, Trujillo, Iquitos, Cajamarca y Tingo María. El contrato firmado el 10 de abril estableció un plazo de entrega menor a sesenta días. Sin embargo, a fines de noviembre ninguna unidad llegó a su destino original.
Las diligencias abiertas buscan determinar por qué los plazos no se cumplieron y por qué los vehículos continúan íntegros dentro del hospital. La respuesta se definirá con la revisión de documentos, la identificación de funcionarios y la verificación de cada etapa del proceso público de adquisición.