Mientras la discusión sobre trámites engorrosos suele centrarse en quejas ciudadanas o en la lentitud de las municipalidades, un grupo de jóvenes decidió abordar el problema desde otro ángulo: estudiarlo, entenderlo y proponer cómo corregirlo. Lo que para muchos es solo burocracia, para ellos se convirtió en un ejercicio técnico que terminó demostrando que el derecho administrativo también puede ser una herramienta para abrir caminos y no para cerrarlos.
Ese enfoque los llevó a obtener el primer puesto en la tercera edición del concurso “Menos barreras, más competencia”, organizado por el Indecopi. La competencia evaluó la capacidad de estudiantes universitarios para sustentar, con base normativa, la eliminación de barreras burocráticas que impedían el funcionamiento de un negocio local. El caso asignado incluía cobros, plazos y requisitos impuestos por una municipalidad, cuya legalidad debía ser revisada por los equipos participantes.
El grupo ganador —seis estudiantes provenientes de Cusco, Huancayo, Lambayeque y Lima— elaboró un informe que desmontó una por una las exigencias cuestionadas. Según el jurado, su propuesta destacó por la rigurosidad del análisis jurídico y por la claridad con la que demostraron la ilegalidad o falta de razonabilidad de varios de los trámites impuestos.
“Indecopi nos proporcionó el mismo caso a todos los participantes. A partir de ello realizamos un análisis de legalidad y razonabilidad de cada barrera identificada. Finalmente, entre los trabajos que alcanzaron la etapa final, nuestro equipo resultó ganador”, explicó Fernando Arqque Apaza, estudiante de la Universidad Continental en Cusco.
El equipo estuvo conformado por Fernando Arqque, Ligia Orellana Huanasca y Brithney Mucha Quispe, de la sede Huancayo de la Universidad Continental; Maryori Yauce Páucar y Pamela Guerrero Chozo, de la UTP de Lambayeque; y Cecilia Juárez Girao, de la Universidad San Martín de Porres. El caso presentado incluía situaciones comunes en distintas municipalidades del país: cobros no previstos en normas vigentes, exigencias sin relación con la actividad comercial o plazos que se extendían más de lo permitido.
Qué es una barrera burocrática
En la práctica, una barrera burocrática es cualquier exigencia, restricción o cobro impuesto por una entidad pública para autorizar o permitir el desarrollo de una actividad económica. No todas son ilegales: algunas son necesarias para ordenar ciertos procesos. Sin embargo, cuando no tienen sustento normativo, contradicen una ley o no superan un criterio de razonabilidad, pueden ser declaradas inaplicables por el Indecopi.
Este mecanismo ha permitido corregir prácticas municipales que afectan a emprendedores y pequeñas empresas, quienes muchas veces deben asumir costos o retrasos que no deberían existir. Para los estudiantes, analizar un caso real les permitió entender cómo decisiones administrativas aparentemente menores pueden bloquear la apertura de un negocio por semanas o meses.
Otros equipos reconocidos
El concurso también reconoció el trabajo de otros grupos. Uno de ellos, integrado por estudiantes de la Universidad Continental, obtuvo el octavo lugar. Lo conformaron Magaly Mucha Ambolaya, Danna Areche Balbín, Joselin Mamani Llallico y Bryan Llanto Ramos. El jurado destacó su dominio técnico del sistema de eliminación de barreras burocráticas.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la sede central del Indecopi en Lima, presidida por su titular, Alberto Villanueva Eslava. Los finalistas recibieron diplomas y menciones por su desempeño.
Formación en regulación desde las aulas
El concurso “Menos barreras, más competencia” convoca cada año a estudiantes de Derecho y Economía desde el quinto ciclo. Su finalidad es acercarlos al sistema de revisión de barreras del Indecopi, que cada año analiza decenas de casos relacionados con licencias, anuncios, certificaciones y otros trámites.
Para los ganadores, el aprendizaje va más allá del reconocimiento. Destacan que trabajar con un caso real les permitió ver cómo la normativa se aplica —o se distorsiona— en la práctica, y cómo la técnica jurídica puede mejorar la relación entre ciudadanos y administración pública.
Este año, su propuesta no solo resolvió un ejercicio académico: mostró que el análisis legal también puede convertirse en una herramienta para allanar el camino a quienes intentan empezar un negocio en el país.