La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reiteró su pedido al Tribunal Constitucional para que otorgue una medida cautelar que suspenda la orden del juez Juan Torres Tasso de reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Esto ante el próximo vencimiento del plazo que se le otorgó a la institución que preside Gino Ríos Patio para cumplir con la resolución judicial.
Infobae accedió al escrito de la Procuraduría Pública de la JNJ donde informa sobre un “nuevo hecho que refuerza el sustento del peligro en la demora” de la medida cautelar solicitada. Se refieren a la decisión del juez Torres Tasso de dar, otra vez, un plazo de dos días para que los consejeros acaten y dispongan el regreso de Espinoza al Ministerio Público.
En caso de que la Junta decide no acatar la orden judicial, se notificará al Ministerio Público para que inicie una investigación contra Gino Ríos Patio y los otros miembros por desobediencia a la autoridad.
“Este nuevo hecho concatenado y consecuente debe ser tomado en cuenta al momento de resolverse nuestro pedido cautelar, toda vez que el requerimiento dictado por el juez constitucional pretender conminar a una obligación de hacer por parte de la JNJ, dentro de la tramitación de un proceso de amparo, bajo amenaza de denuncia penal; lo que refuerza la necesidad de tutela muy urgente de una medida cautelar en el presente proceso competencial, a fin de frenar las graves vulneraciones a las competencias constitucionales de la JNJ”, se lee en el documento.
Cabe precisar que la demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial aún no ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. En tanto, el plazo que otorgó el juez Torres Tasso vence a la medianoche del lunes 1 de diciembre.
Expresan preocupación por Delia Espinoza
La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó “profunda preocupación” por lo que describió como una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Delia Espinoza.
Satterthwaite señaló que los procesos disciplinarios, la suspensión de funciones y la reducción de la protección personal de la fiscal constituyen “una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales”. Además, subrayó que “los jueces no deben sufrir represalias por el contenido de sus decisiones judiciales” y exigió al Estado peruano abstenerse de interferir en las labores de fiscales y jueces.
La propuesta de inhabilitación contra Espinoza avanza en el Congreso y viene acompañada de la autorización para que sea investigada penalmente por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
En tanto, el proceso disciplinario contra Espinoza se inició en septiembre y, dentro de este, la JNJ dictó una suspensión preventiva del cargo por seis meses. Aunque un Juzgado Constitucional ordenó su reincorporación en octubre tras determinar que se habría vulnerado sus derechos, la decisión siguen sin ser acatada. El juez que dispuso su regreso fue posteriormente objeto de campañas de desprestigio, hecho que la relatora de la ONU consideró una represalia injustificada.