La gestión del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta cuestionamientos y rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil tras conocerse que el gobierno gastó más de 64.000 dólares (S/200 mil) en trasladar a Nadine Heredia a Brasil, utilizando recursos estatales y un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. El traslado, realizado en abril, fue el resultado de la solicitud de asilo presentada por la exprimera dama luego de ser condenada en Perú a 15 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
La ONG Transparencia Internacional detalló que la operación fue ordenada desde el Palacio de Planalto e implicó el uso de una aeronave modelo E-135 Shuttle (VC-99C) de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que despegó de Brasilia con destino a Lima el 15 de abril. El vuelo aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en la capital peruana en la madrugada y regresó ese mismo día, trasladando a Heredia y a su hijo menor.
El costo total representó un aproximado de S/217 mil 565 (345.013,56 reales), cifra que incluye 318.000 reales en logística, más de 7.500 reales para dietas de la tripulación y unos 19.000 reales en tasas aeroportuarias. Así lo reveló un documento del Ministerio de Defensa de Brasil, solicitado por el diputado federal Marcel Van Hattem (partido Novo-RS).
El legislador calificó como “surrealista” que fondos públicos brasileños se utilizaran para lo que consideró “apoyo a criminales internacionales”. La respuesta impulsó la reacción de Transparencia Internacional, que en redes sociales afirmó: “La FAB prestándose al papel de piloto de fuga de la primera dama peruana condenada por corrupción, por orden del propio canciller Mauro Vieira y del presidente Lula, será recordado como uno de los episodios más infames de la historia latinoamericana. Una deshonra que el pueblo brasileño no merecía”.
El caso que implicó a Nadine Heredia y a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, se originó en investigaciones sobre la financiación irregular de campañas electorales, incluyendo la recepción de millones de dólares procedentes de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno venezolano. Los fiscales peruanos acusaron a la pareja de ocultar el origen ilícito de 3 millones de dólares para la campaña presidencial de 2011. Ambos fueron detenidos preventivamente durante las indagaciones, pero luego obtuvieron la libertad bajo habeas corpus.
Tras conocerse la condena y la detención de Humala, la ex primera dama buscó refugio en la sede diplomática brasileña de Lima. El gobierno de Lula, basado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgó el asilo humanitario a Heredia y a su hijo menor de edad, acción que fue notificada oficialmente al gobierno peruano, el cual concedió el salvoconducto para su salida del país.
El canciller brasileño Mauro Vieira, en declaraciones recogidas por UOL, sostuvo que el uso del avión militar fue “la única manera de sacarla del país de forma segura y rápida”, y argumentó que la decisión obedeció a “criterios humanitarios”, ya que Nadine Heredia se había sometido hacía poco a una intervención por un grave problema de columna vertebral y tenía bajo su cuidado a un menor de edad. Vieira enfatizó que Brasil actuó en conformidad con su “tradición de acogida” y negó que la operación supusiera una vergüenza nacional.
No obstante, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador en Brasil, inició una investigación sobre la transparencia y el procedimiento del traslado de Heredia, luego de las críticas de diferentes sectores por el coste de la operación y la aparente falta de información anticipada sobre los desembolsos.