La golpista expremier Betssy Chávez está a poco más de 24 horas de posiblemente ser inhabilitada por 10 años de la función pública y quedar fuera de las Elecciones 2026. Este miércoles, el Pleno del Congreso debatirá y votará el informe final que propone imponerle la máxima sanción política por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.
El Pleno ha citado a Chávez para este miércoles 19 de noviembre a las 3:00 de la tarde, a fin de que ejerza su derecho a la defensa. No obstante, debido a que huyó de la justicia peruana, al asilarse en la Embajada de México en Perú, su defensa estará a cargo únicamente de sus abogados Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela. Así lo confirmó la exjefa del gabinete en el oficio presentado al Parlamento.
Antes de que hable la defensa de la expremier, la subcomisión acusadora, integrada por Lady Camones y Jorge Montoya, sustentarán el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la exjefa del gabinete.
Al final, se debatirá la propuesta y se votará el informe final. Para que se imponga la sanción, se requieren de dos tercios de congresistas, sin contar a quienes integran la Comisión Permanente.
Si se aprueba la inhabilitación, Betssy Chávez quedará fuera de las Elecciones 2026. Como se recuerda, la expremier pretende postular en la lista de Juntos por el Perú, según anunció ella misma en setiembre de este año.
Cabe precisar que existe un segundo informe final contra Chávez por el caso del golpe de Estado. En este también se plantea su inhabilitación para ejercer públicos por 10 años.
La acusación.
El informe final, aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ratificado por la Comisión Permanente, acusa a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, de haber infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú por su participación activa en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo.
Según el informe final de la Denuncia Constitucional 351, Chávez “habría actuado de forma concertada con otros altos funcionarios en la perpetración del fallido golpe de Estado”. El documento sostiene que coordinó y participó en la elaboración y difusión del mensaje presidencial que anunciaba la disolución ilegal del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un “gobierno de excepción”.
Las pruebas principales son el video del Mensaje a la Nación donde se escucha a Castillo decir: “Hay que avisar que es un Mensaje a la Nación” y Chávez responder.
También se consignan los testimonios de periodistas que afirman que Chávez presionó para emitir el mensaje y declaró: “Ahora mismo, tengo que sacar el Decreto Supremo” para disolver el Parlamento.
Betssy Chávez permanecerá en la Embajada
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, afirmó que el gobierno descarta cualquier intervención en la embajada de México para detener a Betssy Chávez, quien permanece asilada en esa sede diplomática y enfrenta un proceso por su presunta implicación en el intento de autogolpe de 2022. De Zela confirmó que Perú presentará en diciembre ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar los procedimientos de concesión de asilo político en la región.
El canciller explicó que la iniciativa busca que los países que otorguen asilo estén obligados a solicitar información jurídica al Estado de origen del solicitante antes de conceder la protección. Según De Zela, ya se han iniciado consultas con cancilleres de siete países para impulsar este cambio y destacó la “receptividad para discutir el tema” en la OEA.
Respecto al salvoconducto que permitiría a Betssy Chávez salir de Perú rumbo a México, el ministro indicó que su entrega se encuentra en pausa mientras se realizan consultas con otros Estados miembros de la OEA para analizar la vigencia de los mecanismos internacionales de asilo político.
De Zela también señaló que el asilo a Chávez fue concedido sin que las autoridades mexicanas solicitaran información oficial sobre su situación judicial. “Cuando una persona pide asilo, el Gobierno que lo va a dar debe pedirle al país de origen información sobre su situación judicial. Eso no ha ocurrido en este caso”, puntualizó en entrevista con CNN.