La congresista Lucinda Vásquez se encuentra bajo investigación por presunto tráfico de influencias agravado, a raíz de una denuncia que reveló la supuesta venta de exámenes durante el proceso de nombramiento docente de 2021.
El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que el delito de tráfico de influencias no exige que el ofrecimiento se haya concretado. Según precisó, basta con que la congresista hubiera solicitado dinero a cambio de gestionar el acceso a exámenes para que su conducta encaje en la modalidad agravada de este delito, dada su condición de funcionaria pública. La pena prevista podría ser de hasta ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos.
Entre los elementos recolectados destacan chats, registros de llamadas y la geolocalización del teléfono móvil de Vásquez, los cuales contradicen versiones en las que ella aseguró no haber estado en Tarapoto y haber sufrido el robo de su celular, sin que presentara una denuncia formal. El Ministerio Público dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones para analizar las interacciones consideradas relevantes en la investigación.
Rodríguez indicó que los peritos en comunicaciones pueden evaluar incluso llamadas breves, ya que pueden determinar si existió una conversación o si solamente se trató de un intento fallido. Estos análisis permitirán precisar el grado de contacto entre Vásquez y personas vinculadas al proceso de nombramiento docente.
A pesar de su investidura congresal, Vásquez podría enfrentar un proceso penal si el Congreso autoriza el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. De acuerdo con Rodríguez, esto dependerá de la solidez de los indicios presentados por el Ministerio Público. Si no se aprueba el levantamiento, el caso podría quedar archivado de forma provisional y reabrirse en caso de presentarse nueva evidencia.
En el ámbito político, el Congreso tendría la facultad de considerar que la conducta atribuida a Vásquez constituye una infracción a la Constitución, habilitando su inhabilitación para ejercer cargos públicos, más allá del proceso penal.
Proceso en la Comisión de Ética
La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó por mayoría iniciar una investigación a la congresista Lucinda Vásquez, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, por el llamado ‘caso corta uñas’. El proceso comenzó luego de que un reportaje mostrara imágenes de un asesor cortando las uñas de los pies de la legisladora en su despacho, mientras otro colaborador le preparaba el desayuno. Las imágenes se registraron en 2024 y generaron críticas por el uso de recursos y personal del Congreso para actividades ajenas a las funciones legislativas.
La comisión, presidida por Elvis Vergara, tomó la decisión con siete votos a favor, uno en contra y una abstención. Vergara señaló que los hechos podrían representar una infracción al Código de Ética Parlamentaria, ya que se trataría de una conducta que afecta la dignidad de los trabajadores y muestra un posible abuso de poder. Destacó que la investigación busca esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad ética en la conducta de Vásquez.
Durante la sesión, la legisladora Rosangella Barbarán solicitó una sanción inmediata por la supuesta “flagrancia”, pero la comisión aclaró que el reglamento exige un proceso regular porque los hechos no ocurrieron en el momento, sino el año pasado. Vásquez defendió la necesidad de respetar el debido proceso y pidió investigar el caso conforme establece el reglamento.
En paralelo a la denuncia, la bancada Juntos por el Perú suspendió temporalmente a Vásquez mientras se desarrolla la investigación. Por su parte, el asesor involucrado declaró que la acción se realizó por motivos humanitarios ante una dificultad de la parlamentaria. La Comisión de Ética evaluará testimonios y pruebas antes de emitir algún tipo de sanción, que podría llegar hasta 120 días de suspensión sin sueldo.