El exabogado del expresidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, expresó su respaldo a la denuncia presentada por el exmandatario contra un grupo de cien congresistas. En recientes declaraciones, Espinoza sostuvo que se trata de “una denuncia que no es infundada ni jalada de los cabellos”, aludiendo a la validez de los fundamentos planteados en la demanda sobre la destitución de Castillo y la posterior sucesión en el Ejecutivo.
Durante su análisis, el abogado destacó que, a diferencia del proceso de vacancia promovido contra Dina Boluarte, el caso de Castillo no superó el umbral de los 104 votos requerido para confirmar la remoción del cargo. “En Perú nos hemos acostumbrado a que los votos en el Parlamento son más importantes que las razones. Importa, digamos, una suerte de aritmética parlamentaria. Tú tienes los votos, no importa si tienes las razones. En una democracia constitucional, en un estado de derecho como el Perú, interesan no solo los votos, sino los fundamentos y las razones”, puntualizó Espinoza.
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La argumentación expuesta por el jurista remite al debate sobre el procedimiento parlamentario en situaciones de vacancia presidencial. Según Espinoza, en la destitución de Pedro Castillo se produjo una desviación respecto del mecanismo que establece la legalidad constitucional. “Lo cierto es que a Castillo se le desvió del procedimiento preestablecido en la ley”, refirió el exabogado, sugiriendo que el proceso no respetó los cauces marcados por la normativa vigente.
El centro de la controversia está en la premisa de que no se siguió el debido proceso parlamentario, situación que, a juicio de Espinoza, afectó la conformidad legal de la sucesión presidencial ocurrida tras la salida de Castillo. “Si se acepta la premisa de que había una cantidad de número de votos que no se siguió contra Castillo (...) se le desvió del procedimiento preestablecido que establece la legalidad constitucional, en consecuencia, la sucesión fue una sucesión ilegal. En consecuencia, quien sucede ilegalmente está aceptando ilegalmente un cargo”, explicó el abogado peruano en entrevista con CNN.
El exmandatario Pedro Castillo permanece detenido desde diciembre de 2022, tras su fallido intento de disolver el Congreso y el subsecuente proceso de destitución. La denuncia presentada busca establecer la supuesta transgresión de los principios constitucionales durante la sesión parlamentaria que derivó en su destitución, así como cuestionar la legitimidad del actual gobierno.
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Las declaraciones de Benji Espinoza reavivan el debate jurídico y político en torno a la forma en que se resolvió la crisis presidencial. Sectores políticos y expertos en derecho constitucional mantienen posturas divergentes sobre la interpretación de los procedimientos legislativos seguidos en el Congreso peruano. Mientras tanto, la denuncia avanza en las instancias correspondientes, en espera de una resolución sobre la validez de los reclamos presentados por la defensa de Castillo.
Denuncia del expresidente
El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra los congresistas que votaron a favor de su destitución y contra la exmandataria Dina Boluarte, argumentando que el proceso del 7 de diciembre de 2022 no cumplió con los requisitos legales. Según el documento, la decisión del pleno se tomó con 101 votos a favor, cifra inferior a los 104 necesarios estipulados por el artículo 89-A del reglamento interno del Congreso. El informe de asistencia parlamentaria indica que estuvieron presentes 110 congresistas sobre un total de 130. Castillo también sostiene que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa.
La denuncia plantea que los legisladores habrían incurrido en abuso de autoridad y responsabiliza a Boluarte por el presunto delito de nombramiento ilegal, al haber asumido el cargo sin que se cumplieran los requisitos. El recurso alega, además, que la expresidenta habría aceptado el cargo de forma indebida. No obstante, el Tribunal Constitucional señaló que la vacancia de Castillo tuvo lugar tras su intento de instaurar un gobierno de facto, lo que permitió al Congreso actuar en situación de emergencia sin cumplir los procedimientos habituales.
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