En el Perú, millones de niños y adolescentes asisten cada día a la escuela con hambre o sin haber recibido un desayuno completo. Este hecho, que se repite silenciosamente en miles de hogares, es una consecuencia directa de la ausencia de políticas sostenidas que garanticen el derecho a la alimentación desde la infancia. Nuestro país, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, aún no cuenta con una ley que respalde la alimentación escolar como un derecho y una obligación del Estado.
La falta de una ley nacional de alimentación escolar no es un detalle técnico, es una brecha estructural. Mientras países como Brasil, Chile o Guatemala han convertido la alimentación escolar en una política de Estado, el Perú sigue atado a programas transitorios, sujetos al vaivén político y presupuestal. Esa inestabilidad ha dado lugar a un sistema disperso y precario, expuesto a la improvisación, la discontinuidad y los riesgos de corrupción, que termina afectando directamente el derecho de los niños a una alimentación digna y sostenida.
En ese contexto, la presentación del Proyecto de “Ley que garantiza el derecho a la alimentación adecuada y nutritiva y crea el Sistema Nacional de Alimentación Escolar” no es una iniciativa más, es probablemente, la propuesta más ambiciosa y estructural que el Perú ha tenido en décadas para asegurar que la alimentación escolar sea entendida como un derecho y no como un programa asistencial pasajero.
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El proyecto propone reconocer explícitamente el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, un principio que, sorprendentemente, aún no está consagrado en nuestra Constitución. Este reconocimiento representa un cambio profundo en la forma en que el Estado asume su responsabilidad frente a la infancia y la adolescencia.
Asimismo, plantea la creación del Sistema Nacional de Alimentación Escolar (SINAES), concebido como una política de Estado destinada a garantizar una alimentación adecuada, nutritiva, gratuita y culturalmente pertinente desde las instituciones educativas de todo el país.
El SINAES tendría como objetivo no solo prevenir o reducir la anemia, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en etapa escolar, sino también articular de manera efectiva a los sectores de educación, salud, agricultura y desarrollo social, generando un enfoque integral y sostenible.
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Con esta propuesta, la alimentación escolar dejaría de ser un programa focalizado o transitorio, dependiente de la voluntad política del gobierno de turno, para convertirse en una política pública universal, estable y con enfoque de derechos, capaz de garantizar equidad, transparencia y continuidad en el tiempo.
Otro punto fundamental es la necesidad de incluir al nutricionista en la comunidad educativa. Ningún sistema de alimentación escolar puede funcionar de manera efectiva sin un acompañamiento técnico especializado. El rol del nutricionista es clave no solo para planificar menús y supervisar la inocuidad de los alimentos, sino también para promover la educación alimentaria y los hábitos saludables desde las aulas. Incluirlo en la ley sería una señal de coherencia y compromiso con la salud pública.
Hablar de alimentación escolar no es hablar solo de comida, es hablar de desarrollo, igualdad y futuro. Un niño bien alimentado no solo crece más sano, aprende mejor y tiene más oportunidades para romper el círculo de la pobreza. Cada plato nutritivo en una escuela pública, no es un acto asistencial, es una decisión estratégica de país, una inversión directa en el desarrollo socioeconómico de millones de peruanos.
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Cuando el Estado garantiza que cada niño reciba una alimentación adecuada, está invirtiendo en ciudadanos críticos y en comunidades más fuertes. Por eso, la alimentación escolar no puede seguir tratándose como un programa social más, debe asumirse como una política estructural del desarrollo nacional.
Hoy, el Congreso y la sociedad peruana tienen la responsabilidad de convertir esta propuesta en ley y en realidad. Porque un país que no alimenta bien a su infancia, renuncia a su propio futuro.