Ha pasado un mes desde que José Jerí asumió la Presidencia del Perú, y tres semanas desde que se declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao en un intento por combatir el aumento de la inseguridad ciudadana que azota al país. Sin embargo, y pese a que anunció públicamente una presentación de resultados para el 28 de octubre, el presidente aún no ha revelado datos que evidencien la efectividad de sus medidas.
“Mañana (28 de octubre) realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje”, expresó el mandatario a los seis días de iniciado el periodo de emergencia en la ciudad capital y en el puerto del Callao. Dos semanas después, la presentación sigue en las sombras.
Los datos, revelados por el analista Juan Carbajal, revelan que en el tiempo que Jerí estuvo en la presidencia, Lima (45) y Huaura (10) son las provincias con mayor cantidad de homicidios reportados. De ellos, entre el 80 % y el 90 % “fueron ocasionadas por proyectil de arma de fuego”.
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En términos de los efectos del estado de emergencia, las cifras de homicidios en Lima y el Callao se mantienen al alza. Según el sistema del Ministerio de Salud, entre el 22 y el 29 de octubre se registraron 29 homicidios, aunque hay otras muertes violentas -también provocadas por un proyectil de arma de fuego- que aparecen como “ignoradas” en la plataforma del Sinadef de acceso público.
Estado de emergencia fue “reforzado”
Aunque no ha presentado evidencias que permitan identificar los puntos fuertes o los defectos del estado de emergencia, José Jerí dispuso que se realicen “mejoras” a las disposiciones del estado de emergencia.
La decisión fue oficializada por medio de un Decreto Supremo que fortalece la capacidad de respuesta frente al crimen organizado mediante la introducción de una estructura de mando unificada, reforzamiento de inteligencia y control penitenciario, junto con la incorporación de tecnología satelital.
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Entre las principales novedades, se dispone el uso de sistemas de vigilancia predictiva que integran imágenes satelitales, cámaras públicas, drones y algoritmos de reconocimiento facial, bajo la supervisión de la DINI. Esta plataforma permitirá monitorear zonas de alto riesgo y anticipar actividades delictivas.
En el ámbito penitenciario, se restringe el régimen de visitas, se limita el acceso a energía eléctrica en celdas y se ordena el retiro de antenas de telecomunicaciones no autorizadas. El Grupo de Operaciones Especiales asumirá el control operativo de las requisas, apoyado por drones y fuerza militar, y se establece la rotación y control estricto del personal penitenciario.
El decreto incorpora incentivos y distinciones oficiales para el personal destacado de las fuerzas integradas. Asimismo, los cadetes de último año de las escuelas policiales y militares podrán participar en tareas de apoyo para liberar efectivos en tareas de campo. Los gobiernos locales deberán interconectar sus sistemas de videovigilancia con el centro de comando nacional.
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