La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, a cargo del fiscal provincial Paulo César Brancacho Japa, realizó una constatación en las zonas marítimas y costeras afectadas por el derrame de 11.853 barriles de petróleo, ocurrido el 15 de enero de 2022 por parte de la empresa Repsol. El objetivo de la diligencia fue conocer el estado actual de la contaminación en los puntos donde se produjo el desastre.
Durante la supervisión, el equipo fiscal recorrió tres zonas con el apoyo de una embarcación de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (Dicapi): un acantilado y la playa Carachozo, en el distrito de Santa Rosa, así como un acantilado en el distrito de Ventanilla, ubicado entre las playas Bahía Blanca y Javier.
La diligencia interinstitucional consistió en el recorrido de las citadas áreas, la extracción de muestras contaminadas por hidrocarburos en puntos de agua y de sedimentos, la identificación de fauna silvestre afectada, y otras acciones orientadas a evaluar los avances y limitaciones de los trabajos de limpieza y rehabilitación ambiental.
Verificación de contaminación
El fiscal Paulo Brancacho Japa explicó que esta supervisión “se realiza a efectos de determinar in situ si sigue habiendo contaminación”. Añadió que la nueva gestión de la FEMA viene realizando coordinaciones con distintas entidades del Estado con el fin de evitar problemas similares a los ocurridos en 2022.
Asimismo, el defensor adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Quequejana Cóndor, destacó que “la presencia del Ministerio Público es importante porque en virtud a todo el impacto hay una responsabilidad civil y penal por parte de las empresas privadas que ocasionaron este desastre ambiental”. Precisó que la intervención de la Fiscalía permite verificar y dar valor legal y jurídico a las actuaciones realizadas en campo.
Coordinación y seguimiento ambiental
La FEMA Lima Noroeste destacó que el monitoreo de aguas es una acción esencial para verificar el impacto ambiental ocasionado por el derrame de hidrocarburos y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas del país.
En la diligencia también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). Estas instituciones acompañaron la labor de constatación en las zonas donde aún se evalúan los efectos del derrame de petróleo.