El golpista expresidente Pedro Castillo intentó hacer un nuevo espectáculo en el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En la sesión de este martes 4 de noviembre, pretendió referirse al asilo político que México le otorgó a Betssy Chávez, pero fue frenado a tiempo.
Al momento de acreditarse, la jueza suprema Norma Carbajal le precisó a Castillo que tenía que dar sus datos personales ante la Sala “de lo contrario se dará por terminada su intervención”. Esto debido a que el exmandatario usa este espacio para dar mensajes políticos.
“Mi saludo a la hermana presidenta Claudia (Sheinbaum) de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos diplomáticos...”, decía el golpista cuando la magistrada lo interrumpió y, tal como lo advirtió, dio por concluida su participación, pero Castillo insistió.
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“Los derechos de la unidad diplomática en la declaración de la OEA, el artículo II, IV y XII, así como la Constitución Política, el artículo 36...”, agregó el exmandatario. La jueza Norma Carbajal volvió a detenerlo y dar por terminada su declaración.
Juicio contra Betssy Chávez continuará
La decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú de no declarar reo contumaz a la ex primera ministra Betssy Chávez marca un giro en el proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria, quien recientemente recibió asilo político de México. El tribunal determinó que el juicio continuará hasta la sentencia, descartando la posibilidad de archivar provisionalmente el caso o de ordenar su captura inmediata.
El pronunciamiento de los jueces supremos José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal se fundamentó en la convicción de que declarar la contumacia de Chávez y suspender el proceso generaría una situación de incertidumbre de duración indefinida, lo que, según su análisis, “perjudicaría el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, la inversión de recursos humanos y logísticos para la emisión de una decisión de fondo oportuna absolutoria o condenatoria”. La sala, amparándose en jurisprudencia previa, sostuvo que la contumacia no corresponde cuando la acusada ha estado informada en todo momento sobre el desarrollo del proceso y su defensa ha sido garantizada. Además, advirtió sobre una posible actuación de mala fe por parte de la defensa, al intentar frustrar el juicio en su etapa final.
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El proceso judicial contra Betssy Chávez continuará su curso, y será en la sentencia donde se determinará si incurrió en el delito de rebelión, por el que la Fiscalía solicita 25 años de prisión. La sala también rechazó la renuncia del abogado Luis Barranzuela Vite, quien dimitió durante una audiencia tras manifestar que desconocía la intención de Chávez de solicitar asilo político a México. Los jueces indicaron que el letrado “no puede dejar de realizar su desempeño profesional, incluso debe continuar hasta el final del juzgamiento”, y recordaron que, tras 76 sesiones, la defensa ha sido conjunta e ininterrumpida, por lo que no resulta aceptable abandonar el proceso en la fase de alegatos finales. El tribunal advirtió que, de no cumplirse con la defensa técnica, se designará un defensor público y se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.
A la espera del salvoconducto
Mientras tanto, el Gobierno de Perú no ha definido si concederá el salvoconducto solicitado por Chávez para viajar a México, país que le otorgó asilo político. El canciller Hugo de Zela confirmó a RPP Noticias que la solicitud está en evaluación, dado que la ex primera ministra enfrenta un proceso por el intento de golpe de Estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México defendió la concesión del asilo, asegurando que se realizó “conforme al derecho internacional” y en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954). El organismo enfatizó que la medida no constituye “un acto inamistoso” y calificó como “excesiva y desproporcionada” la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Perú, argumentando que se basa en una interpretación incorrecta del derecho de asilo y desconoce los principios humanitarios de la política exterior mexicana. Además, la SRE recordó que, según la Convención de Caracas, solo el Estado que concede el asilo puede determinar la naturaleza de la persecución alegada, y que esta decisión debe ser respetada por los demás Estados Parte.
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Por su parte, Hugo de Zela afirmó a RPP Noticias que el gobierno mexicano “ha adoptado una posición política que responde a consideraciones ideológicas” desde el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El canciller sostuvo que México “ha creado una especie de realidad paralela porque siguen sosteniendo que tenemos todavía como presidente a Pedro Castillo y que está injustamente preso”, y añadió que ese relato “simplemente no es cierto”, ya que tanto Castillo como Chávez enfrentan procesos judiciales con todas las garantías, “lo cual ha sido comprobado, inclusive por mediadores internacionales”. De Zela consideró que la actuación de México representa “sin duda” una intromisión en los asuntos internos de Perú y subrayó que “se está respetando el debido proceso en todo momento”.
El gobierno mexicano, por su parte, comunicó que la solicitud de asilo de Chávez fue evaluada “tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento legal”, conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y al artículo once de la Constitución mexicana. Además, destacó que Chávez denunció persecución política y violaciones reiteradas a sus derechos humanos desde su detención en dos mil veintitrés.