A tan solo un día antes de que venza el plazo para la inscripción de listas, Alianza Para el Progreso (APP) presentó oficialmente a Yessenia Lozano Millones como precandidata a diputada para las Elecciones Generales de 2026. La militante trujillana, quien se autodenominó como “la hija política de César Acuña”, participará en el proceso interno del partido liderado por el exgobernador de La Libertad.
APP optó por el mecanismo de delegados para elegir a sus representantes al Congreso bicameral y a la fórmula presidencial, encabezada por César Acuña, junto a Alejandro Soto y Jessica Tumi en las vicepresidencias.
La inclusión de Lozano Millones no sorprende a los dirigentes apepistas, pero sí reaviva las críticas sobre la cercanía de Acuña con personas de su entorno familiar y político. La exfuncionaria del Congreso ha sido una figura polémica por su paso en la administración pública y por las acusaciones de favorecer al partido desde su cargo.
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Del Congreso a la lista parlamentaria de APP
Yessenia Lozano ocupó titulares meses atrás, cuando fue separada del Congreso de la República, donde se desempeñaba como jefa del Centro de Modalidades Formativas. Su salida se formalizó mediante una resolución firmada por el Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, que dio por terminado su vínculo laboral.
La disposición no mencionó renuncia alguna y precisó que la decisión fue adoptada por encargo de la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, también integrante de APP. En su reemplazo se designó a Sandra Liz Gutiérrez Cuba, militante de Somos Perú, agrupación del entonces presidente del Congreso, José Jerí.
Lozano, militante activa de APP, fue designada en el cargo pese a que solo cuenta con el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia Acuña. Su sueldo superaba los 19 mil soles mensuales, lo que generó fuertes cuestionamientos desde distintas bancadas.
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El congresista Carlos Zeballos fue uno de los primeros en expresar su descontento: “Desconocemos la creación de esta oficina. Estoy solicitando información sobre cuándo se creó, con qué personal y cuál es su objetivo, porque no podemos estar creando agencias de empleo”.
Por su parte, José Cueto, legislador de Renovación Popular, señaló: “Deja mucho que desear que pongan a una chica que no tiene ningún pergamino, más allá de ser la ‘hija política’ del señor Acuña”.
Incluso desde la izquierda hubo críticas. El parlamentario Jaime Quito advirtió que la designación evidenciaba la injerencia de los partidos en la parte administrativa del Congreso y pidió colocar “a una persona idónea” en ese tipo de cargos.
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Sanción del JNE por vulnerar la neutralidad electoral
A mediados de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Yessenia Lozano Millones vulneró el principio de neutralidad electoral, tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que mostró un retrato de César Acuña junto al símbolo de APP en su oficina dentro del Parlamento.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 determinó que Lozano infringió la norma al exhibir propaganda partidaria en un ambiente institucional durante un proceso electoral. Aunque ella apeló la resolución alegando que no existía infracción, el JNE ratificó el fallo y sostuvo en su decisión del 19 de junio de 2025 que se trataba de “una vulneración clara a la neutralidad por parte de una funcionaria pública”.
“La señora recurrente, como funcionaria pública, infraccionó el principio de neutralidad en un contexto en el cual ya se encontraba convocado el proceso electoral de las Elecciones Generales 2026. No se trata de una simple exhibición de una fotografía, sino de la imagen y símbolo de una organización política registrada ante el JNE”, señaló la resolución.
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El órgano electoral también recordó que Lozano es personera legal alterna de APP, por lo que su conducta tiene un peso adicional. Asimismo, rechazó su defensa basada en que “los funcionarios suelen tener fotografías de personas que admiran”, señalando que ese argumento no aplica a espacios públicos.
Aunque no se le impuso una sanción económica, el JNE dispuso remitir el caso a la Contraloría, al Ministerio Público y al Congreso para eventuales investigaciones adicionales.