El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dispuso recientemente la ampliación del Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota para el año 2025, elevándolo a 609 935 toneladas. Una decisión que ha generado interrogantes sobre los criterios que la sustentan y sobre el equilibrio que debe mantenerse entre la demanda del sector y la evidencia científica disponible. La pregunta es inevitable: ¿responde esta ampliación a nueva información sobre el estado del recurso o a las reiteradas solicitudes de los armadores y pescadores de pota?
En el caso del bonito se repite una dinámica similar, cada año se presentan solicitudes para ampliar la cuota y, en más de una ocasión, se aprueban sin el respaldo de un estudio científico reciente. En cambio, con especies como la anchoveta, el jurel o la caballa, las decisiones suelen apoyarse en información técnica actualizada y se respeta con mayor rigor el principio precautorio. Esa diferencia no es menor porque evidencia la necesidad de establecer criterios uniformes para todos los recursos, sin excepciones ni ajustes discrecionales que terminen debilitando su sostenibilidad.
A ese escenario se suma un efecto que rara vez se menciona. Cada incremento de cuota viene acompañado de una caída en los precios, golpeando precisamente a quienes impulsan su ampliación. Pescadores y armadores protestan porque las empresas industriales no pagan lo que consideran justo, pero el problema no siempre está en el comprador, sino en la simple ley de la oferta y la demanda. A veces, la abundancia en el mar no se traduce en prosperidad en tierra.
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El mismo martes 21 de octubre en que se aprobó la ampliación de la cuota para la pota, PRODUCE anunció la operación “Calamar Gigante IV”, prevista para noviembre. Su propósito es recolectar información biológica y pesquera sobre distribución, tallas, reproducción y condiciones oceanográficas. La tarea recaerá en embarcaciones artesanales que participen de forma voluntaria. No deja de ser curioso que la investigación llegue después de la decisión. El orden lógico, y también el prudente, debería ser a la inversa: primero los datos, luego las cuotas.
En paralelo, algunas voces del sector han sostenido que la pota podría soportar una cuota aún mayor, amparándose en su aparente abundancia. Sin embargo, evaluar la salud de una población sin conocer con certeza su biomasa real es un riesgo que no debería correrse. Una sola temporada con bajo reclutamiento o un desove irregular bastaría para alterar el equilibrio. La sobre confianza en la gestión pesquera suele ser el primer paso hacia la sobreexplotación.
Del mismo modo, se cuestiona al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), por no realizar directamente el crucero científico, y por convocar a la flota artesanal para participar en la recolección de datos. Sin embargo, se puede advertir que dicha acción no es una omisión adrede por parte del IMARPE, esto evidencia un problema de recursos. El IMARPE no cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir todos los estudios que el país requiere, por lo que busca apoyo en quienes dependen directamente de la pesquería.
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El punto central, frente a este escenario, es la escasa comprensión sobre lo que implica manejar un recurso marino bajo un enfoque precautorio. Las cuotas no son una restricción, sino un instrumento para garantizar la continuidad del recurso. Sostener que la pota “es abundante” sin conocer con certeza su dinámica poblacional es una simplificación riesgosa.
Por eso resulta esencial que toda decisión —como una ampliación de cuota— se sustente en evidencia científica y que exista una colaboración efectiva entre el sector público y privado para fortalecer la generación de información. Solo así el manejo del recurso será verdaderamente oportuno, eficiente y sostenible.
El éxito de la próxima operación científica dependerá del compromiso real de los armadores y gremios artesanales. Se requieren 25 embarcaciones para cubrir todo el litoral y recolectar información completa. En la operación anterior solo participaron 14, dejando varios transectos sin cubrir.
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Sin datos consistentes, las decisiones seguirán apoyándose en suposiciones, y cada ampliación de cuota se parecerá más a un acto de fe que a una medida de gestión.
Fuente: Informe Ejecutivo Operación Calamar Gigante III - IMARPE