Desde de la medianoche de este miércoles rige el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia portuaria del Callao, una medida que restringe algunas actividades y limita ciertos derechos constitucionales por un periodo de 30 días.
La disposición, anunciada por el presidente interino José Jerí y formalizada a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM publicada en el diario oficial El Peruano, otorga a la Policía Nacional (PNP) la responsabilidad del control del orden interno en ambas jurisdicciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El documento ordena controles puntuales para combatir delitos y situaciones violentas y limita, mientras esté vigente la medida, garantías como la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la reunión y la circulación.
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La organización de actos públicos atraviesa modificaciones significativas, ya que, a partir de ahora, cualquier evento masivo de tipo religioso, cultural, deportivo u otra actividad similar solo podrá realizarse si se presenta una solicitud de permiso, tal como establece el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
De acuerdo con esta normativa, las autoridades locales revisarán establecimientos que operen con o sin licencia de funcionamiento, así como los espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, con especial atención a aquellos que concentren hasta tres mil asistentes.
En tanto, las reuniones o eventos no masivos pueden realizarse sin requerir autorización previa. Debido a estas disposiciones, algunos especialistas señalan que la declaratoria de emergencia apunta a frenar posibles manifestaciones antigubernamentales, como la protesta programada para este sábado 25.
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El patrullaje en áreas clave incluye paraderos, estaciones del metro y activos estratégicos. Según el decreto, se realizarán operativos de búsqueda y captura de personas con requisitoria, así como controles de identidad en la vía pública, inmuebles y vehículos. Los procedimientos podrán requerir el descerraje en inmuebles, conforme a los informes oficiales.
El documento prohíbe que dos adultos viajen juntos en motos lineales y establece el traslado a depósitos de todo vehículo con papeles falsificados o placas que no permitan su adecuada identificación. Los controles incluyen decomisos de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales, así como inspecciones sobre la fabricación y comercialización de productos pirotécnicos.
El Sistema de Inteligencia Nacional hará pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a servidores que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se establecen además operativos para fiscalizar insumos químicos utilizados en la elaboración de drogas.
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En materia judicial, el decreto fortalece las unidades de flagrancia para mejorar la respuesta judicial inmediata y otorga medidas de seguridad especiales a fiscales y jueces involucrados en casos de criminalidad.
La expresidenta Dina Boluarte, antecesora de Jerí, adoptó medidas similares que no lograron resultados favorables frente al aumento de la delincuencia y el crimen organizado.
Demanda
El mandatario informó la decisión en un contexto marcado por la movilización de la ‘Generación Z’, que tomó el espacio público bajo la insignia de One Piece como emblema de oposición al crimen organizado y a la crisis institucional.
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Las fuerzas de seguridad respondieron con acciones que resultaron en más de 100 heridos, tanto entre civiles como agentes, además de una víctima fatal (Eduardo Mauricio Ruiz, un rapero de 32 años).
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el autor del disparo que mató al músico, conocido como ‘Trvco’, fue el suboficial Luis Magallanes, quien se encuentra internado en un hospital por politraumatismo y fue notificado allí de su detención.