La defensa legal de Keiko Fujimori, representada por la abogada Giulliana Loza, solicitó al Poder Judicial el archivo inmediato y definitivo del caso ‘Cócteles’, acatando la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por la lideresa de Fuerza Popular.
“Nosotros hemos solicitado ya al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que, en cumplimiento y ejecución de lo dispuesto en el numeral 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, proceda inmediatamente al archivo definitivo del caso, de todos los otros cargos también: falsedad genérica, organización criminal y lavado de activos”, manifestó Loza en declaraciones aRPP.
La abogada sostiene que el caso nunca debió avanzar en sede penal, pues los hechos imputados podrían haber sido evaluados solo como infracciones administrativas. Según Giulliana Loza, la acusación por ‘pitufeo’ en la campaña de 2011 no representaba un delito, sino una falta administrativa. Agregó que la aplicación retroactiva de la figura penal cuestionada contravenía las disposiciones básicas del derecho penal peruano.
Loza también manifestó que la permanencia del caso obedeció a la “falta de objetividad” en la actuación fiscal y sostuvo que, de haberse actuado con imparcialidad, el expediente se habría archivado en una fase temprana del proceso. Señaló que la duración prolongada de la investigación afectó la garantía del plazo razonable consagrada en la Constitución.
“Si no hubiéramos tenido un fiscal que lamentablemente actuó con un criterio totalmente sesgado, carente de toda objetividad, este caso no solamente hubiera nacido, no hubiera continuado. Y si hubiéramos tenido un juez imparcial, con una correcta labor en la etapa intermedia, este caso se hubiera archivado definitivamente antes”, manifestó.
“Si es que se hubieran tomado los correctivos necesarios en su momento no hubiéramos hablado sino de otra cosa de una investigación administrativa en la cual se hubiera determinado si era pasible de una sanción, pero siempre de carácter administrativo, nunca penal. Tuvieron que pasar 10 años”, añadió la abogada.
Con la resolución del Tribunal Constitucional y el trámite de la defensa, se espera el cierre definitivo del proceso penal por lavado de activos, organización criminal y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y los otros implicados. La decisión recoge las órdenes del TC y traslada a la justicia ordinaria la responsabilidad de ejecutar el archivo, en concordancia con lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución.
El caso ‘Cócteles’ llegó así a su etapa final en la vía penal, estableciendo un precedente para analizar futuros procesos por financiamiento de campañas políticas en el país bajo el principio de legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados.
¿Por qué se anuló el caso Cócteles?
La sentencia del TC, publicada recientemente, dejó sin efecto todas las actuaciones previas de la investigación contra Fujimori por la presunta financiación irregular de las campañas presidenciales de 2011 y 2016. El tribunal determinó que se vulneró el principio de legalidad penal al aplicar una figura jurídica que no estaba vigente al momento de los hechos investigados. Además, señaló que el proceso vulneró el derecho al plazo razonable, extendiéndose más allá del tiempo justificado en la administración de justicia.
En el fundamento 96, el fallo precisa: “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”. Por mandato del TC, el juzgado correspondiente deberá proceder al archivo del caso en todos sus extremos, incluyendo la acusación fiscal actualizada en julio de 2025.