El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta el reto de responder con efectividad a la crisis de inseguridad ciudadana en los primeros días de su mandato, en un escenario marcado por cuestionamientos a la legitimidad del Congreso y expectativas de respuestas inmediatas. Así lo afirmó en diálogo con Infobae Perú el especialista en seguridad ciudadana César Bazán, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien esbozó los principales desafíos y recomendaciones para la nueva administración.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por Infobae Perú, Bazán sostiene que el origen del presidente en un Congreso de baja aprobación pública y la inclinación hacia medidas populistas configuran un entorno adverso para la gestión de la seguridad. “El presidente debe evitar reproducir viejos esquemas. Se requiere el nombramiento de un ministro del Interior que se distancie de los perfiles anteriores, independiente y que no se dedique a cuidar la espalda del mandatario, como sucedió con Juan José Santiváñez durante la administración de Dina Boluarte”, declaró el especialista.
Bazán enfatizó que el próximo titular del Ministerio del Interior debe contar con experiencia técnica en el ámbito de la seguridad ciudadana, presentar propuestas claras y operar con independencia política. Además, subrayó la necesidad de que sea una figura con suficiente recorrido político para afrontar presiones de diversas bancadas. “El nuevo ministro deberá resistir el entorno partidario y mantener una gestión orientada a resultados”, explicó.
Ante la consulta de Infobae Perú sobre posibles candidatos que cumplan con este perfil, Bazán prefirió no dar nombres y manifestó dudas sobre la disposición de profesionales calificados a integrarse al gabinete de Jerí. “Pocos expertos estarían interesados en integrar un equipo que arrastra una crisis de legitimidad”, puntualizó.
El análisis del especialista también incluyó recomendaciones para la Presidencia del Consejo de Ministros. Sugirió designar a una persona ajena a los partidos predominantes como Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. “Las agrupaciones parlamentarias han impulsado una agenda de control político que debilitó a la Policía y al Ministerio Público para obstaculizar investigaciones contra organizaciones delictivas vinculadas al Congreso”, indicó Bazán en diálogo con Infobae Perú.
Marchas contra el nuevo gobierno
El contexto de movilizaciones sociales previstas para el 15 de octubre es otro de los puntos críticos señalados por el experto. El precedente de acciones represivas por parte del Estado aparece como un factor determinante en la gestión de la protesta social por parte del próximo ministro del Interior. “En 2020, las protestas dejaron dos muertos tras una lógica de represión; en 2022 y 2023, la política estatal provocó masacres en varias regiones”, recordó Bazán. El especialista advirtió que la postura y las decisiones de quien asuma el Ministerio del Interior —así como su relación con la Policía Nacional del Perú— serán claves para definir la respuesta del gobierno ante nuevas movilizaciones.
La incertidumbre sobre la disposición de figuras independientes para integrar el nuevo gabinete, sumada a la presión de la coyuntura, dibuja una agenda inicial cargada de desafíos para José Jerí y le impone la obligación de tomar decisiones inmediatas y estratégicas sobre los principales despachos responsables de la seguridad ciudadana.
Primera actividad presidencial
El presidente de Perú, José Jerí, encabezó un operativo simultáneo en cuatro penales del país como su primera acción oficial tras asumir el gobierno. Acompañado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, supervisó intervenciones en los centros penitenciarios de Ancón I, Lurigancho, Trujillo (El Milagro) y Challapalca en la madrugada, con el propósito de fortalecer el control y prevenir delitos organizados desde el interior de las prisiones.
Durante la operación se incautaron teléfonos celulares y dispositivos de comunicación, restringiendo así las posibilidades de coordinación de actividades ilícitas. Las autoridades anunciaron que se implementarán sanciones más severas para los internos identificados como cabecillas y se evalúa un régimen penitenciario más estricto. Las visitas, las salidas al patio y las comunicaciones enfrentarán mayores restricciones para quienes estén vinculados a delitos desde el penal.
Asimismo, se informó que estas acciones continuarán en otros establecimientos penitenciarios para identificar focos de criminalidad. El gobierno mantiene como prioridad la designación de un nuevo ministro del Interior que cuente con experiencia y capacidad para enfrentar la creciente inseguridad y tensión social. La próxima gran marcha nacional, prevista para el 15 de octubre, será un desafío inmediato a la gestión de seguridad.