Una joven de 18 años fue rescatada en Chimbote, después de ser víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, tras haber sido captada en su país mediante una falsa oferta laboral. La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada del Santa indicó que la víctima viajó desde Venezuela a Perú.
De acuerdo con los reportes de la Fiscalía y el fallo del Juzgado Penal Colegiado del Santa, la joven perdió el control sobre su documentación y fue obligada a ejercer la prostitución en la vía pública, bajo amenazas de muerte a ella y su familia por parte de los involucrados.
Condenan a tres implicados
Los sentenciados, identificados como Jona Ali Mede López, Betania Katiusca Rivas Lara y Luis Eduardo Morales García, mantenían vigilancia constante sobre la víctima y requerían que entregara casi todo su dinero, argumentando el pago de una supuesta deuda contraída por el traslado.
El proceso judicial culminó con la condena de 13 años, 1 mes y 7 días de prisión efectiva para Jona Ali Mede López y Betania Katiusca Rivas Lara, y 8 años, 9 meses y 4 días de cárcel para Luis Eduardo Morales García. Además, el tribunal impuso el pago solidario de 8.000 soles como reparación civil y dispuso seis años de inhabilitación y un año de tratamiento especializado para los condenados, conforme a la Ley N.º 30364, que regula la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en Perú.
Según la Fiscalía, durante el juicio se acreditó contundentemente la participación de los acusados en los delitos de captación, transporte, acogida y explotación sexual. Los hechos probados sirvieron para desmantelar una parte de la red.
¿Cómo fue captada?
La joven fue contactada en su país por personas que ofrecieron un trabajo como mesera en el extranjero, asegurando que se encargarían de los gastos de traslado y estadía. Convencida por la promesa laboral y ante la necesidad de encontrar mejores oportunidades, aceptó viajar fuera de Venezuela, sin sospechar que se trataba de un engaño estructurado por una red criminal.
Al llegar a Chimbote, miembros de la organización la recibieron y, bajo intimidaciones, la despojaron de sus documentos de identidad. Desde ese momento, la víctima quedó aislada y bajo el control de la banda. Los tratantes le impusieron normas estrictas: le exigían ofrecer servicios sexuales en la vía pública, limitaban su movilidad y mantenían una vigilancia constante para impedir cualquier intento de fuga.
El modus operandi del grupo incluía la utilización de amenazas de muerte contra la joven y sus familiares con el objetivo de reforzar su sometimiento. Además, le exigían entregar la mayor parte de los ingresos obtenidos, bajo la justificación de una supuesta deuda generada por el costo del viaje.
Esta red funcionaba con roles definidos: algunos integrantes se dedicaban a la captación y traslado de mujeres, mientras otros se encargaban directamente de la explotación y control en destino. Esta estructura permitió a la organización operar durante un periodo prolongado, hasta la intervención final de las autoridades peruanas.