Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) demolió seis campamentos rústicos y equipos empleados en minería ilegal en los sectores Balata y Azul.
Las acciones tuvieron lugar en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, según confirmaron voceros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Durante el despliegue, se identificaron y destruyeron 19 motos lineales, siete motores, seis balsas, seis timbos de combustible, una carguera y dos bombas de succión de agua, así como una traca mecánica y otros materiales relacionados con la extracción ilícita de oro, una actividad que se extiende como una enorme red bajo la selva.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público supervisó todas las acciones, asegurando la destrucción inmediata de lo incautado y la correcta aplicación de los procedimientos.
En sus declaraciones, la FEMA subrayó: “Cada operativo busca frenar la degradación ambiental dentro de las reservas nacionales”.
Acciones coordinadas y defensa ambiental
La intervención contó con la coordinación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), reforzando la importancia del trabajo integrado entre fuerzas del orden y entidades ambientales.
El Comando Operacional del Sur destacó “la defensa de la Amazonía y el cumplimiento de la ley requieren un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado”.
El Gobierno Nacional ha reiterado que “las actividades de interdicción buscan proteger los recursos naturales, preservar la biodiversidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades locales”, según comunicó el sector Defensa.
Las autoridades señalan que la vigilancia y la cooperación seguirán vigentes en las zonas más vulnerables, manteniendo la atención sobre los principales focos de minería ilegal en la Amazonía peruana.
Situación de la minería ilegal en Perú
La minería ilegal en Perú continúa representando un desafío para el Estado y las comunidades afectadas. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, para septiembre de 2024, los conflictos socioambientales vinculados a la minería constituyeron el 32,5 % de los casos reportados en el país.
La presión sobre la Amazonía peruana es notoria, donde la destrucción de 18.421 hectáreas de bosque se ha atribuido a esta actividad solo entre 2021 y 2022.
La entidad nacional ha subrayado el vínculo entre la minería ilícita y el crimen organizado, y ha intensificado la supervisión de gobiernos regionales y fiscalías ambientales para frenar estas operaciones.
Durante el 2025, regiones como Loreto, Arequipa y La Libertad fueron escenario de nuevos conflictos sociales relacionados con la minería ilegal. La Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Bajo Tigre, en Loreto, exigió acciones para retirar dragas que operan irregularmente sobre el río Tigre.
Además, la Defensoría alertó sobre las limitaciones existentes en el control y la fiscalización de explosivos, favoreciendo la creación de un mercado negro que abastece actividades de minería ilegal y redes criminales.
El Estado, a través de estrategias interinstitucionales, busca fortalecer la protección ambiental y garantizar la seguridad de las comunidades.
La inclusión de regiones como Amazonas en el programa presupuestal 128 representa parte de los esfuerzos para asignar recursos destinados a la lucha contra la minería ilegal y la preservación de los ecosistemas afectados por esta actividad.