“Estoy exigiendo al Ministerio del Interior que se me restituya, como corresponde, la seguridad personal”, declaró Delia Espinoza tras denunciar haber recibido amenazas de muerte y seguimientos en los días posteriores a su suspensión como fiscal de la Nación. En entrevista con Ojo Público atribuyó estos hechos a una persecución política en el contexto de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público.
La funcionaria relató que, desde su suspensión por la Junta Nacional de Justicia en junio de 2024, ha sido objeto de al menos dos o tres amenazas de muerte, además de hostigamientos y seguimientos. Según detalló, estos actos provienen de grupos violentistas, como La Resistencia, y se han manifestado tanto en redes sociales como en manifestaciones públicas. También describió episodios de vigilancia con drones y la presencia de vehículos y personas desconocidas cerca de su residencia, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad personal y familiar.
Ante esta situación, la también suspendida fiscal suprema reiteró formalmente al Ministerio del Interior la restitución de su resguardo policial, una medida que, según afirmó, aún no ha sido atendida. “Se ha solicitado y se está volviendo a reiterar, porque los señores también están incurriendo ahí en omisión de funciones”, advirtió.
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En otro momento, se refirió a los cambios realizados por su sucesor interino, Tomás Gálvez. Espinoza expresó su preocupación por el impacto de estas decisiones en la continuidad y eficacia de las investigaciones, señalando que la rotación de personal sin criterios técnicos puede favorecer la impunidad y retrasar procesos clave.
“Definitivamente, son cambios que le hacen daño a la institución. Por supuesto que respeto cualquier decisión que pueda tomar un interino que, como su nombre lo indica, es un reemplazo temporal. […] Los cambios no solo preocupan, sino que generan el temor de que pueda haber decisiones en una línea contraria a lo que se ha venido haciendo, que es una lucha contra presuntos delitos de corrupción al más alto nivel”, afirmó.
Denunció que tanto la Junta Nacional de Justicia como el Congreso han actuado para proteger a determinados sectores y archivar denuncias constitucionales relevantes. Estimó que durante su gestión presentó alrededor de cincuenta denuncias constitucionales, muchas de las cuales, según indicó, no han recibido el trámite correspondiente por parte del Congreso: “No es normal, no es lógico que, cuando congresistas y varias personas presentaron denuncias constitucionales por el mal accionar de la JNJ, el Congreso de plano las archivara, sin mayor análisis, detenimiento y mayor evaluación. ¿Qué es esto? Ojalá hicieran lo mismo conmigo“.
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Advirtió que el objetivo del presunto trabajo en conjunto es el Ministerio Público, dado que a puertas de una elección general, “muchos candidatos con vínculos o que son parte de las mismas organizaciones que están en el Congreso, son los primeros interesados en no tener ninguna mancha en su hoja de vida, ninguna denuncia ni persecución penal, que los desmerezca ante los votantes”.