El reciente retiro de fiscales de las investigaciones más sensibles que involucran al ministro Juan José Santiváñez, entre ellas las carpetas conocidas como ‘Culebra’ y ‘El Diablo’, marca un giro en la estrategia del Ministerio Público bajo la dirección del Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.
La decisión, formalizada mediante la Resolución Nº 2977-2025-MP-FN y publicada en El Peruano, afecta directamente a los fiscales Luis Arturo Ballón Segovia y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, quienes lideraban los procesos contra el actual titular del Ministerio de Justicia.
Cambio en los equipos fiscales
La medida implica la conclusión del destaque de Luis Ballón como fiscal adjunto supremo adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, función que desempeñaba desde enero de 2025 y que había sido prorrogada en mayo.
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Ballón cobró notoriedad en marzo al sustentar el pedido de impedimento de salida del país contra Santiváñez en el caso ‘El Diablo’, una investigación por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Durante la audiencia, presentó más de mil mensajes de WhatsApp, archivos de audio y testimonios de testigos protegidos como pruebas de un presunto patrón de conducta ilícita del ministro.
El Ministerio Público sostiene que Santiváñez habría usado su cargo para influir ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia en beneficio de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, alias ‘Tío Jhony’, exagente policial condenado por asociación ilícita y usurpación, presuntamente vinculado a la organización ‘Los K y K’.
La resolución también determina el retiro de Hernán Mendoza, quien además de su rol en las investigaciones contra Santiváñez, condujo el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte, donde se halló la tarjeta de un reloj Rolex.
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Mendoza, en mayo, expuso ante el Poder Judicial el pedido de suspensión del ahora Fiscal de la Nación, por treinta y seis meses debido a presuntos vínculos con una organización criminal.
Quiénes serán los reemplazos
El documento, firmado por el despacho de Gálvez, justifica los cambios amparándose en la normativa vigente que faculta al Fiscal de la Nación para designar a fiscales provisionales y titulares en los órganos respectivos y los criterios de mérito, antigüedad, especialidad y experiencia para la cobertura de vacantes.
Como reemplazo de Ballón y Mendoza, la resolución nombra a Ronal Ramón Flores Ñañez y Wilfredo Álex Rivera Baltazar como fiscales adjuntos supremos provisionales adscritos al Despacho de la Fiscalía de la Nación, quienes continuarán con sus plazas de carrera en Pisco y Callao.
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Asimismo, se dispone la reubicación de otros fiscales en áreas especializadas de corrupción y lavado de activos, como Elvia Caro Izquierdo y Elssie Garavito Chang, quien fue nombrada coordinadora del Equipo Especial Lava Jato por Patricia Benavides.
Intentos fallidos desde Fiscalía
Los intentos de la Fiscalía de conseguir medidas cautelares en casos de alto perfil resultaron infructuosos. Hernán Mendoza solicitó la suspensión de Tomás Gálvez por su presunta participación en una organización criminal orientada a controlar la ONPE y facilitar la inscripción de Podemos Perú.
Mendoza presentó declaraciones de un colaborador eficaz sobre reuniones entre Gálvez, Adolfo Castillo Meza y Hebert Marcelo Cubas, además de supuestos favores laborales para la esposa de Gálvez. Gálvez negó los cargos y acusó a la Fiscalía de interferir en el proceso ante el Congreso. El juez Juan Carlos Checkley rechazó el pedido, argumentando que el Parlamento aún no resolvía la denuncia constitucional, y la apelación tampoco prosperó.
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En el caso de Luis Ballón contra Juan José Santiváñez, el mismo juez desestimó el impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía, al considerar que, pese a los indicios de tráfico de influencias, no había riesgo de fuga, ya que Santiváñez viajó y regresó al país durante la investigación. De este modo, las solicitudes del Ministerio Público quedaron sin efecto por decisión judicial.