El transporte público en Lima Metropolitana atraviesa una coyuntura marcada por la violencia y la protesta. A diario, buses, custers y combis sufren ataques perpetrados por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
Estos ataques han derivado en paralizaciones de unidades, cierres de vías principales y movilizaciones de conductores que buscan exigir garantías al gobierno y denunciar las condiciones de inseguridad.
El miércoles 24 de septiembre, al menos tres transportistas fueron blanco de atentados en menos de dos horas. En San Juan de Lurigancho, dos choferes resultaron víctimas de disparos en incidentes separados.
En el distrito de Independencia, se reportó la muerte de un conductor tras un tiroteo ocurrido cerca de la estación Naranjal del Metropolitano.
Las autoridades destacaron que estos episodios no son aislados y se suman a una secuencia de hechos similares que mantienen en alerta permanente a usuarios y operadores del sistema público.
Ante esta situación, las agrupaciones de transportistas han realizado protestas para exigir medidas efectivas. Las movilizaciones han incluido la interrupción de rutas y la concentración de buses en puntos neurálgicos de la ciudad, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre el avance de la extorsión.
Los afectados reclaman respuestas claras, protección sostenida y transparencia en la ejecución de operativos policiales.
Refuerzo policial y patrullaje
El Ministerio del Interior (Mininter) afirmó la continuidad del despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los corredores viales donde operan las principales empresas de transporte público.
Según indicaron a través de una nota de prensa, personal de la Unidad de Emergencia Los Halcones patrulla diariamente las rutas asignadas y acompaña a los buses durante toda su travesía por la ciudad.
“El objetivo es garantizar el libre tránsito de las unidades y la seguridad de trabajadores y pasajeros”, expuso la cartera dirigida por Carlos Malaver, titular del Interior.
El servicio implica que agentes de diversas divisiones, incluyendo la División de Emergencia y el Escuadrón Verde, suban a los buses en distintos puntos del recorrido.
“Los efectivos orientan a los ciudadanos y aplican controles de identidad para detectar posibles requisitoriados”, según detalla el comunicado ministerial.
Esta labor de resguardo, aseguró el Mininter, abarca empresas como El Rápido, Nueva América, Etuchisa, Machu Picchu, Aquarius y Huáscar.
Los patrullajes también cubren paraderos considerados críticos. Los Halcones acompañan los trayectos de principio a fin, mientras otras unidades operativas realizan tareas de inteligencia tanto a pie como en vehículos en zonas estratégicas de la capital. Según el reporte, estos operativos forman parte de los ejes del plan Perú Seguro.
El ministerio no ha precisado desde cuándo se implementaron estas acciones ni la cantidad exacta de efectivos destinados al servicio. Tampoco existe información pública sobre los horarios específicos de los patrullajes ni sobre la frecuencia de los controles anunciados.
Mientras tanto, transportistas afectados insisten en la urgencia de transparencia y en la definición de criterios claros para evaluar la efectividad de la protección policial.
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