El Ministerio Público indaga la existencia de una presunta organización criminal que, con Juan José Santiváñez -actual ministro de Justicia y ex ministro del Interior- como ‘hombre clave’, habría empleado recursos y personal de la Policía Nacional para efectuar operativos irregulares que favorecieron intereses privados, principalmente vinculados a la mina El Dorado, en Ayacucho, y a La Arenera La Molina S.A., en Lima.
Además de Santiváñez, el caso tendría como implicados a mandos policiales y la investigación incluso toca el círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, pues la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, fue allanada en el Operativo Ícaro a finales de agosto.
Investigación fiscal y alcance del caso
La investigación, iniciada formalmente en marzo de 2025, se sostiene sobre la hipótesis de que el Estudio Santiváñez coordinó acciones policiales para beneficiar al empresario minero Franco Parodi en la recuperación del control de la mina ‘El Dorado’.
Según la Fiscalía, estos operativos realizados en 2024 contaron con el respaldo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, encabezada por el general Gregorio Villalón Trillo, exjefe de la VI Región Policial de Junín. Sin embargo, el Ministerio Público sospecha que la presunta red habría negociado pagos de hasta USD 160.000 para garantizar la intervención policial, por lo que se habría cometido el delito de tráfico de influencias y manipulación de procesos administrativos.
La operación denominada Ícaro 2025 incluyó allanamientos en las viviendas de Nicanor Boluarte —hermano de la presidenta Dina Boluarte—, Franco Parodi y abogados asociados al estudio de Santiváñez.
La “fórmula El Dorado” se habría repetido en Lima
Una operación similar a la que se realizó en la mina ‘El Dorado’ también se habría replicado en Lima. El 15 de octubre de 2024, Tenorio, en calidad de abogado de La Arenera La Molina S.A., dirigió un grupo de aproximadamente cincuenta personas, entre policías y civiles, para recuperar un terreno ocupado. A este contingente se incorporó un refuerzo de cuarenta a cincuenta agentes de la Séptima Región Policial de Lima, bajo el mando del general Enrique Hugo Felipe Monroy, quienes permanecieron en el lugar hasta el día siguiente.
Las diligencias fiscales incluyeron recolección de información en la empresa y en la comisaría de Manchay, lo que permitió establecer la participación de nuevos mandos policiales en la trama. Operativos realizados sin autorización judicial y participación de miembros del alto mando policial destacan en la estrategia observada por la Fiscalía.
Entre los principales investigados figuran Juan José Santiváñez Antúnez, Percy Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza —socio de Santiváñez—, Yesenia Stefany de la Cruz Rivas, Gregorio Martín Villalón Trillo, Yber Torres Pariona y Enrique Hugo Felipe Monroy.
La Fiscalía les atribuye la presunta autoría de delitos como tráfico de influencias, manipulación de procesos administrativos y organización de intervenciones policiales ilegales.
Investigaciones tocan al círculo cercano de Dina Boluarte
En el caso de la mina ‘El Dorado’, la Fiscalía sostienen que el ministro Santiváñez buscó favorecer a Nicanor Boluarte con arraigo laboral para evitar medidas judiciales en su contra, contemplando incluso su incorporación como consultor en la empresa minera. Esta estrategia habría tenido como objetivo mejorar la situación procesal de Boluarte en el caso Waykis en la Sombra y evitar que se dicte prisión preventiva en su contra.
Ante el señalamiento, el abogado de Boluarte, representada por el abogado Luis Vivanco, negó cualquier vínculo con Santiváñez o actividades mineras, calificando la actuación fiscal como “un abuso y un acto innecesario”. Mientras tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, denunció una “persecución política” contra la presidenta y su círculo, pese a que un fallo reciente del Tribunal Constitucional ha confirmado la potestad de la Fiscalía para investigar al entorno presidencial.