El gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, respondió ante los medios a los cuestionamientos relacionados con la presencia de miembros de APP en entidades estatales de la región. Sostuvo que su partido cuenta con más de 500 mil afiliados y consideró inadecuado que se cuestione a una persona únicamente por formar parte de una agrupación política. “Todos tienen derecho a trabajar. El desempeño debe evaluarse por resultados y no por pertenencia partidaria”, remarcó Acuña durante su intervención pública.
Al ser consultado acerca de supuestas irregularidades en el manejo presupuestal, Acuña negó que exista una sobredimensión de gasto en sueldos públicos, como afirman algunas versiones que indican que el 60 % de los recursos se destina a planillas. Señaló que la administración regional estructura los proyectos en función de la disponibilidad del presupuesto nacional y la aprobación técnica de los expedientes, etapas que dependen en parte del procedimiento en el Ejecutivo y del marco normativo vigente.
Respecto a los problemas en el sector salud, Acuña hizo referencia a que las deficiencias detectadas responden a factores estructurales y a recursos insuficientes, antes que a una gestión deficiente por parte de su equipo de trabajo. Indicó que se viene trabajando dentro de los márgenes establecidos por el presupuesto transferido por el Ejecutivo.
Acuña y el alcalde de Pataz
La controversia entre las autoridades regionales y locales escaló tras las declaraciones del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Salas Mariños. El burgomaestre acusó con dureza al gobernador regional, refiriéndose a él con expresiones como “indolente” y “muy miserable” al señalar la falta de avances en proyectos de conectividad y obras públicas, y haciendo especial énfasis en los retrasos asociados al asfaltado de la carretera nacional PE-10C.
En su respuesta, recogida por diversos medios, Acuña calificó de política la postura de Salas Mariños y replicó que el “miserable” es el alcalde por usar las demandas ciudadanas como herramienta de presión. Sustentó que el desarrollo y ejecución de obras depende de la elaboración previa de expedientes técnicos y de la asignación de fondos por parte del Gobierno central. “El presupuesto no lo asigna César Acuña, lo asigna el Gobierno central”, aclaró el gobernador regional de La Libertad.
La disputa se intensifica debido a los compromisos anteriores asumidos ante las comunidades de la provincia. Según narró el propio Salas Mariños en declaraciones a la prensa, la entrega del expediente técnico para la obra de asfaltado fue inicialmente comprometida por la presidenta de la República, Dina Boluarte, para diciembre de 2024. El plazo fue luego modificado hasta julio de 2025, alimentando las expectativas y las tensiones entre autoridades y dirigentes locales.
El alcalde de Pataz criticó que tras semanas de movilización y espera por parte de los pobladores, el Ejecutivo aún no cumpla el compromiso, generando insatisfacción entre los beneficiarios y aumentando la presión sobre la gestión regional y nacional. “Después de tres días de espera, encontramos un gobernador regional de La Libertad, el señor César Acuña, indolente, con una actitud muy miserable para los pueblos, porque 21 días de caminata no le ha bastado a él para escucharnos”, sostuvo el alcalde durante su intervención ante los medios.
Las críticas también tocaron a la presidenta Dina Boluarte, a quien Salas Mariños le recordó que la postergación de la entrega del expediente técnico —ahora con fecha prevista en julio de 2025— afecta la agenda de obras de conectividad y desarrollo para los pueblos de la sierra de La Libertad.
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