La inestabilidad en torno al transporte hacia Machupicchu encendió alarmas en el sector turístico del Cusco y en todo el país. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Rosendo Baca, alertó que la crisis actual ya está generando un fuerte impacto económico y amenaza con profundizarse en los próximos meses.
De acuerdo con el funcionario, la cancelación anticipada de cerca del 15% de paquetes turísticos hacia fin de año representa pérdidas que rondan los S/ 300 millones. “Estamos hablando de una afectación cercana a los 300 millones de soles. Día a día se sigue afectando la imagen de nuestro país y de Machu Picchu, y esto no puede continuar”, remarcó.
La raíz del conflicto se ubica en el cambio de la empresa encargada del servicio de buses que conectan Aguas Calientes con la ciudadela. Consettur Machupicchu S.A.C. culminó su concesión y la ruta fue adjudicada por la Municipalidad Provincial de Urubamba a la compañía San Antonio de Torontoy, integrada por comunidades campesinas. Aunque algunos sectores cuestionan el proceso, Baca enfatizó que corresponde a la Contraloría determinar si hubo irregularidades, pero que el cambio no debe paralizar la implementación del nuevo plan de transporte.
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Mientras tanto, las protestas en la zona han afectado también el servicio ferroviario, provocando suspensiones temporales y aumentando la incertidumbre en torno a la llegada de visitantes. “Ha habido altibajos, se suspendió temporalmente el servicio, se rehabilitó otra vez. Lo que tenemos en conocimiento es que en este momento todavía el tren no llegó. En eso estamos trabajando”, explicó.
Crisis en el corredor turístico
El impacto del conflicto no solo recae en las empresas de transporte. La cadena turística completa se ve comprometida: agencias de viaje, guías, hoteles, restaurantes y comunidades locales que dependen de la llegada constante de visitantes.
Baca insistió en que la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) debe convocar de inmediato a los ministros de Turismo, Ambiente, Cultura y Transportes, junto con autoridades locales y operadores privados. “Tenemos que resolver este problema en el más alto nivel, con la presencia de los ministros que corresponde. Día a día se sigue afectando la imagen del país y esto no puede continuar”, sostuvo.
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El funcionario detalló que la red de protección al turista ya está activa y que se han implementado protocolos de atención en coordinación con el sector privado. Estas medidas contemplan acciones antes, durante y después de la crisis, con participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, destacó que la solución de fondo no pasa solo por medidas de contingencia, sino por decisiones estructurales respecto al transporte en la zona.
El conflicto también ha abierto un debate sobre las competencias de las instituciones involucradas. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se señaló que el asunto corresponde a la Municipalidad Provincial de Urubamba, que condujo la licitación y adjudicación directa del servicio.
Baca fue enfático en aclarar que, si bien la Contraloría puede investigar el proceso, ello no debería detener la aplicación de la nueva concesión. “Consettur terminó la concesión el cuatro de septiembre. Hay una empresa adjudicada por la Municipalidad Provincial de Urubamba, San Antonio de Torontoy. Eso es lo que se tiene que implementar. Lo otro, la participación de la Contraloría, tiene que ir en otra hoja de ruta. Si hay investigación, debe hacerse. Si hay responsabilidad, se tiene que sancionar. Pero eso no puede impedir la implementación del plan de contingencia”, afirmó.
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Asimismo, recalcó que la UGM, encargada de la gestión integral de Machupicchu, también debe involucrarse directamente. “Nosotros no determinamos quién administra la ruta, pero sí tenemos la gestión integral de Machupicchu. Y la gestión integral implica también este problema. Por eso planteamos que se convoque desde la UGM y desde ahí, con la presencia de los ministros, se tomen decisiones al más alto nivel”, precisó.
Urgencia en la convocatoria
El gerente de Gercetur señaló que ya se están elaborando los documentos para concretar la reunión de urgencia que debe realizarse “en el transcurso del día, a más tardar mañana”. La agenda de Machupicchu, dijo, no puede esperar.
Frente a la posibilidad de un cierre temporal del sitio arqueológico, propuesta por la Cámara de Comercio como mecanismo de presión para lograr un diálogo, Baca sostuvo que se respeta la posición del sector privado, aunque la postura de su oficina es impulsar soluciones desde el ámbito público.
En paralelo, la Policía Nacional mantiene presencia en la zona con entre 50 y 100 efectivos. Según el funcionario, algunos bloqueos no fueron previstos debido a problemas de comunicación, lo que ha generado mayores complicaciones. “Tenemos que responder en este reclamo justo de los pobladores, hay que entenderlos por ese lado”, indicó.
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La crisis se refleja también en la percepción internacional. “Ya tenemos una probable cancelación de un quince por ciento de paquetes turísticos hacia fin de año, que significan trescientos millones, más o menos”, reiteró Baca, advirtiendo que la incertidumbre afecta de manera directa la imagen del Perú como destino turístico.