La propuesta del Gobierno de construir un penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, ubicada frente al Callao, abrió una discusión en el ámbito político y judicial.
La presidenta Dina Boluarte visitó el terreno el pasado 31 de agosto junto a ministros y técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), donde escuchó la exposición de los plazos proyectados para levantar la nueva infraestructura.
Durante la inspección, especialistas explicaron que en un lapso de cuatro meses se ejecutarían las demoliciones totales y la nivelación del terreno. Posteriormente, en enero del próximo año, se iniciaría la obra.
Según los planes, la colocación de la primera piedra está programada para mayo de 2026, con avances sustanciales en julio del mismo año.
La mandataria afirmó que el penal de alta seguridad tendrá capacidad para 2.000 internos considerados de alta peligrosidad y se construirá en un área de 57.000 metros cuadrados, con una inversión aproximada de 500 millones de soles.
Boluarte adelantó que el 3 de septiembre se firmaría un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda, con el objetivo de acortar tiempos y asegurar la viabilidad del proyecto.
“Se trabajará con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar que el penal esté concluido en el plazo establecido”, anunció la presidenta.
El plan generó cuestionamientos inmediatos. El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, señaló que la reapertura tendría costos logísticos y financieros elevados: “Con cinco mil millones de soles se podrían construir diez penales de 500 millones de soles cada uno, con capacidad para cuatro mil internos en total”, declaró.
Ministerio Público pide retirar su voto
El 2 de septiembre, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), liderado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aprobó de manera unánime la viabilidad del nuevo penal. Sin embargo, una semana después, el Ministerio Público comunicó oficialmente que retira su voto favorable.
La decisión fue sustentada por el fiscal superior Marcial Paucar Chappa, quien suscribió el pedido: “Solicito formalmente el retiro de nuestro voto en el extremo del acuerdo que declara la viabilidad de la construcción del establecimiento penitenciario ‘El Frontón’ para jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas”.
El documento precisa que no se entregó un informe técnico detallado sobre la infraestructura ni sobre las condiciones destinadas a albergar a reos de alto rango en el crimen organizado. Asimismo, recuerda que el actual premier, Eduardo Arana Ysa, cuando fue titular de Justicia, opinó que no era viable levantar un penal en la isla.
La solicitud también menciona el pedido del doctor Germán Small Arana, quien requirió un análisis técnico antes de adoptar cualquier decisión. La ausencia de este informe fue uno de los principales argumentos para fundamentar la rectificación.
En ese marco, el Ministerio Público hizo oficial su posición: el retiro de su voto busca dejar constancia de que no existe consenso sobre la viabilidad del penal El Frontón, pese a la aprobación inicial en el Conapoc.