El gas natural es uno de los activos más estratégicos del Perú, pero su futuro está en riesgo. Pese a que ha sido clave para garantizar energía barata, estable y menos contaminante, hoy nos enfrentamos a una caída en exploración y reservas que amenaza con debilitar la soberanía energética del país. El problema no es la falta de recursos, sino su falta de aprovechamiento debido a trabas regulatorias, conflictos sociales y una promoción estatal casi inexistente.
La exploración atraviesa su peor momento en décadas. En 2024 apenas se perforaron dos pozos exploratorios, cuando hace una década superaban los diez por año. Aunque la inversión en upstream—es decir, la inversión en la fase inicial en la industria de petróleo y gas, que comprende la exploración, la perforación y la extracción de hidrocarburos— repuntó ligeramente, sigue enfocada casi en su totalidad en explotación. La exploración recibió solo USD 39 millones (7% del total de inversión en upstream), una cifra insuficiente para revertir la caída de reservas. Según cifras oficiales, las reservas de gas natural han retrocedido a 7,876 trillones americanos de pies cúbicos (TCF) y el índice de reposición de reservas fue negativo. Situación similar se evidencia en el caso de líquidos de gas natural. Estamos consumiendo más de lo que reponemos, lo que nos expone a perder una ventaja estratégica construida durante años.
Esta situación ha alimentado la idea de que el gas natural en el Perú se agotaría en aproximadamente 12 años. Si bien esta cifra refleja el horizonte actual de reservas probadas, no debe interpretarse como un conteo regresivo fijo. En sistemas energéticos modernos, este tipo de estimaciones fluctúa constantemente en función del nivel de exploración y de la incorporación de nuevas reservas. Entonces, lo preocupante no es tener 12 años de reservas, sino no hacer nada para mantener o incrementar ese horizonte.
El gas natural ha sido uno de los grandes diferenciadores del Perú frente a otras economías. Mientras países como España enfrentan crisis de precios por una matriz energética excesivamente dependiente de energías renovables como la solar y la eólica, el Perú ha mantenido precios estables y bajos gracias a la combinación de generación hidroeléctrica y gas natural. Esa mezcla no solo ha reducido la volatilidad del sistema eléctrico, sino que ha evitado que el país sufra apagones, subsidios masivos o tarifas impagables. Desaprovechar esta base sería un error histórico.
Pero el rol del gas natural no se limita a la generación eléctrica. En el transporte, por ejemplo, ofrece ahorros de hasta 60 % frente a combustibles líquidos, mejora la calidad del aire y reduce la dependencia de importaciones. También tiene potencial para impulsar una industria petroquímica nacional y cerrar brechas sociales si se expande su uso a más regiones.
En esa línea, el Gobierno ha anunciado una inversión de USD 550 millones para llevar gas natural a siete regiones del centro y sur peruano, lo que beneficiará a más de un millón y medio de personas. Y desde el sector privado se han presentado nuevas propuestas para ampliar la cobertura de gas hacia el sur, con inversiones proyectadas por más de USD 2,000 millones. Esta iniciativa permitiría reducir hasta en 50% el precio del gas en zonas como Arequipa y Moquegua, y generar así ahorros significativos para hogares e industrias.
Para reactivar la exploración y asegurar el futuro del gas natural en el Perú, es urgente adoptar una agenda de reformas concretas. Se necesita actualizar la política energética nacional al 2050 reconociendo el rol del gas como combustible de transición. También urge modernizar el marco legal y fiscal del sector flexibilizando permisos, contratos y regalías para volver atractiva la inversión exploratoria. La estabilidad jurídica debe reforzarse garantizando reglas claras, protección de inversiones y meritocracia en las entidades estatales. A su vez, es clave rediseñar la estrategia de promoción de lotes, dotar de mayor autonomía técnica al ente responsable y mejorar su articulación con otros organismos. Finalmente, es fundamental que los recursos generados por el gas financien desarrollo real en las regiones productoras, lo que implica priorizar sectores como salud, educación y remediación ambiental.
Esta visión es compartida por actores del sector que coinciden en que la transición energética en el Perú debe ser realista, ordenada y socialmente justa. No se puede desmontar el sistema actual sin alternativas viables. El país ya cuenta con infraestructura robusta y probada. Esa capacidad existe, está operativa y puede seguir creciendo. Apoyarse en el gas natural no es resistirse al cambio, sino construir un puente concreto hacia una matriz energética más limpia y competitiva.