El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, solicitó que Trujillo quede bajo control de las Fuerzas Armadas y se declare Estado de sitio tras el atentado con explosivos registrado en la urbanización Las Quintanas. No obstante, a más de 12 horas de lo sucedido, el líder de APP no brindó declaraciones públicas sobre el nuevo ataque criminal que conmocionó a la ciudad.
El pedido de Acuña se difundió mediante un comunicado oficial del Gobierno Regional de La Libertad, en el que se calificó el hecho como un acto de “terrorismo urbano” y se responsabilizó al crimen organizado por el incremento de la violencia en la región. El documento exigió al Gobierno de Dina Boluarte medidas más drásticas de seguridad, entre ellas el despliegue de militares y la imposición de un toque de queda en Trujillo.
Asimismo, el pronunciamiento exhortó a jueces y fiscales a aplicar el máximo castigo contra los cabecillas de las mafias. Según la nueva ley del Congreso sobre criminalidad sistemática, los autores de atentados con explosivos o crímenes de sicariato pueden recibir hasta cadena perpetua. El comunicado también reclamó la implementación inmediata de un plan integral para reducir la criminalidad, con la participación activa de la Policía Nacional, el Ejército y los gobiernos locales.
Finalmente, se advirtió que la situación en La Libertad ha superado los niveles de inseguridad tolerables y que la población vive en constante zozobra. “Los liberteños no pueden seguir siendo rehenes del crimen organizado”, puntualizó.
Cabe señalar que este es el tercer atentado con explosivos registrado en Trujillo en lo que va del año. El primero ocurrió en la sede del Ministerio Público y, hace apenas dos semanas, se produjo otro en la avenida Perú. Un día después de este segundo ataque, César Acuña celebró los quince años de su nieta, lo que generó críticas entre la ciudadanía.
Atentado estaría vinculado a la minería ilegal
La tranquilidad de la urbanización Quintana, en Trujillo, se vio interrumpida la noche del 4 de septiembre tras un atentado con explosivos contra una vivienda de tres pisos. La potente detonación, ocurrida alrededor de las 10:45 p.m., afectó a unas 30 casas, de las cuales dos quedaron inhabitables.
El inmueble atacado pertenece a los hermanos Sánchez Iparraguirre, empresarios dedicados a la minería en Pataz. De acuerdo con los vecinos, la propietaria, Maura Sánchez Iparraguirre, había abandonado la vivienda dos semanas antes. En la zona circulan dos versiones: algunos testigos aseguran que la casa contaba con seguridad privada y recibía constantes visitas en camionetas, mientras que otros sostienen que el lugar permanecía vacío debido a remodelaciones.
La Policía Nacional del Perú investiga el hecho bajo la hipótesis de un enfrentamiento entre bandas criminales ligadas a la minería ilegal. Un detalle que refuerza esta versión es que los explosivos empleados coinciden con los utilizados en actividades mineras en la provincia de Pataz.
El coronel Carlos Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, explicó que este tipo de ataques se enmarca en lo que llaman el “Efecto Pataz”: ante el cerco impuesto por la PNP y las Fuerzas Armadas en esa provincia, las organizaciones criminales han comenzado a trasladar sus operaciones a ciudades como Trujillo. Según el oficial, esta dinámica estaría detrás de los tres atentados registrados en la ciudad durante el presente año.
Pese a la magnitud del ataque, la policía no tiene constancia de que la familia Sánchez Iparraguirre haya presentado denuncias por extorsión, lo que abre la posibilidad de que se trate de una lucha interna entre facciones rivales.
Las primeras diligencias apuntan a que los responsables materiales serían integrantes de “Los Cachacos del Padrino”, grupo armado perteneciente a la organización criminal “Los Pulpos”, con fuerte presencia en Pataz. Su captura permitió obtener valiosa información para reconstruir el atentado. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las investigaciones continuarán hasta dar con los autores intelectuales del crimen.