El fiscal provincial Carlos Ordaya, del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), dio a conocer que dos policías fueron denunciados por intentar, a través de actos de intimidación, que el testigo protegido que delató al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, deje de colaborar con la justicia.
En conferencia de prensa, Ordaya indicó que los referidos efectivos interactuaron con el testigo protegido con clave 3-2025 porque fueron asignados como custodios del mismo. Precisó que la denuncia presentada por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje incluye conversaciones y chats de los presuntos actos de intimidación.
“Nuestros testigos protegidos, porque están dentro del registro de la UDAVIT, que es la entidad encargada de proteger a las víctimas y testigos, han sido amenazados en el transcurso de esta investigación. A cierta manera, que incluso fueron inducidos para que no vengan a declarar, para que no sigan aportando los elementos de convicción”, indicó el fiscal del Eficcop.
En esa línea, el fiscal aseguró que, como parte de la investigación del caso Ícaro, policias en actividad y en retiro han expresado su temor a denunciar actos delictivos porque podrían ser cambiados o pasados al retiro.
Asimismo, el fiscal Carlos Ordaya consideró como un hecho grave que los efectivos que intimidaron al testigo protegido hayan “utilizado” el nombre de los altos mandos de la institución. De acuerdo con la captura difundida por Cuarto Poder, los efectivos buscaban filtrar la información que obtendrían al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y al jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola.
“Esta denuncia que se ha ingresado el día de ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados, que no me voy a referir en los nombres. Sin embargo, esto resulta muy grave, que hayan utilizado nombre de altos mandos de la Policía para poder intimidar, para poder sugerir a efectos de que no sigan colaborando estos testigos protegidos, cuando estos efectivos policiales sí deberían de custodiarlas, de protegerlas. Sin embargo, no cumplieron con esa función”, concluyó.
El caso Ícaro
El reciente operativo del Ministerio Público en el marco del caso Ícaro ha puesto en el centro de la atención a Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia, por su presunto liderazgo en una organización criminal. Las diligencias incluyeron el allanamiento de 10 inmuebles y cinco oficinas, entre ellas la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja, así como la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho y la oficina de Percy Tenorio, identificado por la Fiscalía como uno de los personajes más influyentes de la supuesta red.
De acuerdo con la tesis fiscal, Santiváñez habría utilizado su posición en el Ministerio del Interior para beneficiar a sus clientes y solicitar pagos a cambio de estos favores. Entre los hechos que se le imputan figuran el presunto favorecimiento ilícito en la modificación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Mininter, cobros indebidos para asegurar la permanencia de generales en sus cargos y un supuesto favorecimiento a la minera El Dorado.
La investigación detalla que el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido apoyo de Santiváñez para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, bajo el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos ante la posibilidad de allanamientos fiscales.Respecto al papel de Nicanor Boluarte, la Fiscalía sostiene que el hermano de la presidenta visitó en varias ocasiones la oficina de Tenorio. Sin embargo, el abogado de Nicanor Boluarte afirmó que su defendido no conoce ni a Santiváñez ni a Tenorio.
La minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II en Ayacucho, también se encuentra bajo investigación. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio mantuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En estos encuentros se habría acordado la realización de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el objetivo de recuperar la posesión de los terrenos.
En este contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60.000 para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100.000 adicionales para el operativo de diciembre del mismo año. El presunto soborno totalizaría USD 160.000. La investigación señala que en esta mina la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el propósito de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.
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