La ex primera ministra Betssy Chávez, enjuiciada por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo a fines de 2022, redactó una carta testamentaria en la que anuncia haber retomado una huelga de hambre desde prisión, como protesta por los presuntos abusos que dice sufrir por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La misiva, difundida este martes por Castillo en su cuenta de X (antes Twitter), reitera denuncias por vulneraciones a sus derechos, manifiesta un grave deterioro físico y emocional, y expresa su última voluntad: ser cremada en Tacna, su ciudad natal.
Chávez otorgó poder legal a su madre mediante una carta notarial inscrita en Registros Públicos, y responsabilizó directamente al INPE y al Ministerio de Justicia por los hechos. “Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos, abusos del INPE”, escribió.
Aseguró que el constante hostigamiento le impide asistir a diligencias judiciales y acceder a servicios básicos. “No solo no han cesado, sino que empeoran día a día, impidiendo incluso mi desplazamiento a los servicios higiénicos, haciéndome reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica”, afirmó.
Chávez indicó haber realizado una huelga de hambre durante quince días como medida de protesta, esperando sin éxito la destitución de la directora del penal y del personal de seguridad, así como el fin del “acoso y las represalias”.
Denunció también que su traslado a audiencias se efectúa bajo efectos de medicación. “Lo que se busca es que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopada a diligencias judiciales con fluoxetina y alprazolam”, continuó en su manuscrito-
Frente a esta situación, anunció el inicio de una huelga de hambre seca. “No he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario, pues no tiene sentido alguno que me hidraten si los abusos del INPE continúan; esa es mi voluntad”, señaló.
En la carta, solicitó recibir la bendición de un sacerdote, realizar una videollamada para despedirse de sus padres y que, eventualmente, sus restos sean entregados a su abogado, Raúl Noblecilla, en la Morgue de Lima. Él se encargaría de trasladarlos a Tacna para la cremación. “Dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano”, concluyó.
Reacciones desde el Congreso
A mediados de julio, Chávez denunció chantaje sexual y corrupción en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Según su testimonio, las autoridades del centro penitenciario permiten sobornos y favorecen a internas con recursos a cambio de dádivas.
La expremier solicitó una investigación por organización criminal y abuso de autoridad, responsabilizando a las funcionarias de cualquier atentado contra su integridad. Además, pidió a la Corte Suprema su traslado a otro penal, al considerar que su vida está en peligro. Su caso ya ha sido remitido al Ministerio Público, al INPE y a la Defensoría del Pueblo.
La congresista Ruth Luque informó que ha requerido “una investigación rigurosa y objetiva que garantice la integridad física y emocional” de la ex premier y además que la Defensoría del Pueblo informe públicamente sobre las acciones de supervisión que ha desarrollado en este caso.
En manos del Tribunal Constitucional se encuentra un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Chávez para que sea liberada. Tanto ella como Castillo, junto a otros exmiembros del gabinete, enfrentan procesos por el intento de golpe que provocó la destitución del presidente. Ambos afrontan penas de 25 y 34 años de prisión, respectivamente.