El Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Tras varios meses de expectativa, el colegiado declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. El fallo establece que todas las diligencias y acciones contra la mandataria deberán esperar hasta que culmine su mandato en julio de 2026.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó varias denuncias contra la mandataria ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este grupo parlamentario optaba por archivarlas o ni siquiera informaba sobre su ingreso, demorando meses en pronunciarse.
Con el fallo del TC, el panorama cambia radicalmente. El abogado constitucionalista Luis Roel Alva explicó que la SAC ya no podrá archivar las denuncias contra Dina Boluarte.
“Yo creo que acá ya el Tribunal Constitucional, frente a estas diferentes interpretaciones que tuvo la Fiscalía de la Nación en los últimos años, ya ha zanjado un tema. Ha vuelto a lo que era lo comúnmente establecido y que ahora también, inclusive el Congreso de la República, en vez de estar archivando las denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, en vez de archivarlas, no debe tocarlas”, declaró en RPP.
En otras palabras, la SAC no debe evaluar ninguna de las denuncias contra la jefa de Estado hasta que deje sus funciones, y el Ministerio Público también deberá esperar para presentarlas.
De esta manera, el TC ratifica los alcances de la inmunidad presidencial establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver arbitrariamente el Congreso o impedir el funcionamiento de organismos electorales.
La presidenta del TC, Luz Pacheco, ya había adelantado que la sentencia se emitiría pronto, pues el debate había concluido y solo restaba la etapa de recolección de firmas. La magistrada destacó que la decisión no solo impactará en el caso de Dina Boluarte, sino también en todos los futuros presidentes.
La demanda del Ejecutivo contra el PJ y el Ministerio Público
El Ejecutivo presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, alegando que ambas instituciones habrían excedido sus atribuciones al realizar diligencias contra la presidenta Dina Boluarte.
La controversia se originó a raíz del pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) para allanar tanto la vivienda de la mandataria como Palacio de Gobierno, en el marco de las pesquisas del caso Rolex.
La solicitud fue aprobada por un juez, lo que generó cuestionamientos desde el Ejecutivo. Los ministros y los abogados de Boluarte sostienen que esta medida afecta la investidura presidencial y vulnera los límites constitucionales que protegen a un jefe de Estado en funciones.
Este debate no es nuevo en la política peruana. Pedro Castillo fue el primer presidente sometido a investigaciones mientras estaba en funciones. En ese contexto, el Congreso sancionó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber dispuesto que las indagaciones contra Castillo no continuaran mientras ocupaba la jefatura del Estado.