En medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre Perú y Colombia, la Cancillería peruana respondió de forma pública a las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto. El pronunciamiento se produjo luego de que dos ciudadanos colombianos fueran detenidos en la zona, lo que generó un intercambio de acusaciones y protestas oficiales.
El incidente ha vuelto a colocar bajo los reflectores la franja fronteriza amazónica, donde el tránsito habitual de personas convive con disputas históricas que parecían superadas. Las reacciones de ambos gobiernos se trasladó a sus redes oficiales, marcando un escenario de fricciones diplomáticas que involucra tratados internacionales firmados hace más de un siglo.
Mientras la Cancillería peruana ratificó que la isla forma parte del territorio nacional según acuerdos y protocolos vigentes, el presidente Petro cuestionó la legitimidad de la detención de sus compatriotas, calificándola como un acto ilegal. El intercambio ha sido acompañado por un refuerzo militar en la zona, en un intento de evitar que la tensión escale.
Posición oficial del Gobierno del Perú
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Cancillería expresó: “El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgico rechazo a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que pretenden desconocer la soberanía y los legítimos actos de jurisdicción que ejerce el Perú sobre la Isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto, que es territorio peruano conforme a lo establecido en el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928-1930, lo cual fue ratificado por el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934”.
El pronunciamiento también abordó los incidentes recientes: “Asimismo, el Gobierno del Perú protesta por la sucesión de actos de provocación que vienen siendo realizados por ciudadanos colombianos en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, y que es capital del distrito de Santa Rosa de Loreto, los cuales dañan la relación bilateral peruano-colombiana, particularmente la armonía y el bienestar de nuestras comunidades fronterizas”.
Según la Cancillería, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra dos ciudadanos colombianos “por el delito de atentado contra la soberanía nacional”, y ordenó la realización de diligencias pertinentes. El comunicado incluyó un llamado a Bogotá: “Se insta al Gobierno de Colombia a que brinde la cooperación necesaria a fin de que se detenga de inmediato este tipo de acciones que no contribuyen a la histórica vinculación armónica que existe entre los pueblos fronterizos del Perú y de Colombia”.
La posición oficial cerró reafirmando el compromiso de vigilancia: “El Perú permanecerá vigilante y hará respetar su integridad territorial, actuando siempre de conformidad con el Derecho Internacional”.
Respuesta del presidente Gustavo Petro
Horas antes, el presidente colombiano se pronunció en su cuenta de X sobre la detención de los dos topógrafos en la isla de Santa Rosa. “La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro”, afirmó Petro.
Para el mandatario, el caso no se limita a un acto policial, sino que involucra la interpretación de los acuerdos limítrofes. Según sus declaraciones, el territorio en cuestión estaría sujeto a protocolos internacionales que, a su juicio, no han sido resueltos de forma definitiva.
Las autoridades colombianas identificaron a los detenidos como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, quienes realizaban trabajos de georreferenciación en la zona portuaria sin autorización. Se trataría de labores técnicas especializadas que, según la normativa peruana, requieren permisos previos debido a su carácter estratégico.
Operativos en la frontera y medidas de control
La intervención de la Policía peruana incluyó la incautación de equipos de georreferenciación satelital (GPS) utilizados para levantamientos topográficos. Estos instrumentos, reportó la prensa local, serán sometidos a revisión técnica.
En un contexto de incremento de tensiones por la isla Santa Rosa, el Estado peruano ha intensificado la presencia de sus Fuerzas Armadas en la zona. El despliegue involucra unidades del Ejército del Perú y la Marina de Guerra, que han reforzado las labores de control en el área limítrofe.
Los reportes señalan que los operativos incluyen identificación de transeúntes y monitoreo de embarcaciones. El objetivo, según fuentes de seguridad, es prevenir incidentes que puedan derivar en nuevos roces diplomáticos.