El Programa Vaso de Leche (PVL) es un programa social creado para distribuir alimentos a la población más vulnerable del país. Sin embargo, después de 40 años desde su creación, su objetivo no se cumple a cabalidad.
Desde hace más de una década, el PVL presenta problemas de identificación de beneficiarios. La población infiltrada; es decir, aquella que no cumple con los requisitos de vulnerabilidad, como no ser pobre, representa alrededor del 50% de los beneficiarios cada año. En 2024, la población infiltrada; es decir, no pobre, fue de 1.3 millones de personas, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Así, solo en el último año, estamos hablando de más de S/ 200 millones gastados en beneficiarios que no debieron haber accedido al programa.
¿Tal despilfarro de recursos es justificable? Esta situación evidenciaría un desinterés por llevar a cabo un ejercicio de focalización como corresponde. La responsabilidad de este nivel de filtraciones recae en las municipalidades, encargadas de la implementación y selección de beneficiarios, y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, responsable de corroborar las condiciones de los mismos.
Para colmo de males, durante este año, la Contraloría General de la República (CGR) viene detectando serios problemas en los procesos de compra y almacenamiento de alimentos del PVL: errores en las especificaciones técnicas, por un lado; y observaciones de carácter sanitario, por el otro.
Por ejemplo, en el departamento de Junín, la CGR identificó que más de 4,700 beneficiarios del PVL de la Municipalidad Distrital de El Tambo no recibieron su ración alimentaria durante casi seis meses, debido a deficiencias en la formulación de las especificaciones técnicas para la compra de productos. De acuerdo con el informe de la CGR, la licitación fue declarada nula porque los requerimientos técnicos de compra no contemplaron los valores nutricionales mínimos exigidos por norma.
En el departamento de La Libertad, hacia fines de marzo último, la CGR identificó el retraso en el inicio del proceso de selección para la adquisición y distribución de los bienes alimenticios para el PVL en la Municipalidad Distrital de El Porvenir. La gestión municipal no tomó acciones oportunas para garantizar la atención inmediata de los casi 2,900 beneficiarios de dicho programa.
En el departamento de Tumbes, en abril último, la CGR identificó que el almacén de la Municipalidad Provincial de Zarumilla carecía de condiciones básicas de conservación: ausencia de control de temperatura y humedad para productos perecederos, falta de inventarios físicos actualizados y espacio insuficiente para separar lotes por fecha de vencimiento. Ello, sumado a fallas en la adquisición oportuna de productos e inconsistencias en la distribución diaria.
Entonces, tenemos una ineficiente selección de beneficiarios, donde se terminan malgastando cuantiosos recursos. Ello sin contar que, muy probablemente, se esté excluyendo a una población que sí cumple con las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el PVL. Y, no conforme con ello, los procesos de adquisición y almacenamiento de productos presentan deficiencias que perjudican directamente a los beneficiarios.
Si no podemos corregir las ineficiencias de un programa social, difícilmente podremos abordar los mayores problemas que arrastramos como país. Si la administración pública no puede lidiar con un programa como el PVL, con 40 años de vigencia, ¿no es acaso momento de reformularlo? ¿Establecer candados y sanciones? Convengamos en que también existen personas que se aprovechan de la pésima administración de los recursos, y que también deberían ser castigadas.