Una de las campañas presidenciales más intensas llevadas a cabo en nuestro país fue la de 2010-2011. En ella, la palabra “inclusión” se convirtió en el caballito de batalla de uno de los candidatos. Se hizo alusión a un sector de la población excluido, negado de las oportunidades que brindaba el país para “unos cuantos”. Se prometió cerrar brechas socioeconómicas. Fue una palabra de mucha fuerza, de gran pegada, pero también, con el tiempo, manoseada.
Tan así fue como, en nombre de la “inclusión”, se crearon programas sociales que rápidamente fueron cuestionados. Hacia 2016, el nivel de filtraciones en tales programas alcanzaba el 35%, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aquello de la inclusión y cierre de brechas terminó quedando en el discurso.
Así, sumar el concepto de sostenibilidad en la estrategia empresarial se volvió una necesidad: generar valor y fortalecer su impacto en el entorno, cerrando brechas y construyendo país. Con un Estado ausente en muchos lugares del interior del Perú: el 97.1% de los establecimientos de salud de primer nivel con capacidad instalada inadecuada; el 51% de colegios de educación básica en riesgo de colapsar; el 49.6% de hogares sin agua las 24 horas del día, surgen los espacios para que el sector empresarial genere desarrollo.
Obras por impuestos, programas de encadenamiento productivo, de salud, de educación. Suena a reemplazar al Estado, sí. Pero, si no nos involucramos, el descontento social seguirá en aumento, con la consecuente pérdida de legitimidad de un empresariado que sigue confiando en que el Estado hará un uso eficiente de los recursos que este genera, a través del pago de impuestos.
Por ejemplo, el canon, sobrecanon y las regalías son una fuente importante de ingresos para los gobiernos subnacionales. En el caso de las municipalidades, estos corresponden a cerca del 50% de su presupuesto total para inversión pública. Sin embargo, en 2024, las municipalidades solo ejecutaron el 72% de tales recursos; mientras que, entre enero y junio de este año, apenas han ejecutado el 30%.
La gran empresa lo tiene claro. Desde 2009, a partir del mecanismo de Obras por Impuestos, se han invertido más de S/ 13,500 millones en más de 500 proyectos a nivel nacional. Así, las empresas han financiado obras de infraestructura pública a cuenta del pago del impuesto a la renta. Casos emblemáticos que podríamos citar: el Hospital de Challhuahuacho, en Apurímac, con la participación de Las Bambas; obras de saneamiento en Castilla, Piura, con la participación de Cementos Pacasmayo; o el colegio La Rinconada, en Arequipa, con la participación de Buenaventura.
Asimismo, en diversos departamentos (especialmente donde el Estado no llega con servicios básicos) muchas empresas han asumido un rol activo en mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y sus familias. Otorgan transporte seguro hacia fundos o campamentos; brindan becas y apoyo escolar para los hijos de los trabajadores; ofrecen cobertura de salud complementaria o privada para trabajadores y sus familias; llevan a cabo capacitaciones técnicas y de desarrollo profesional.
Sin perjuicio del trabajo en materia de sostenibilidad que ya vienen realizando algunas empresas, urge repensar el marco legal para habilitar herramientas que permitan financiar capacitaciones especializadas o incluso ofrecer salarios competitivos a profesionales clave en la gestión pública local. Esta sería una alternativa más de política para mejorar la ejecución de los recursos públicos, contribuir al cierre de brechas y mejorar el bienestar de la población.