Mientras el Gobierno se prepara para celebrar un nuevo aniversario patrio, decenas de familias llegan a Lima con un mensaje muy distinto: no hay nada que celebrar. Son los familiares de las víctimas de la represión estatal durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte en 2022 y 2023. Vienen desde Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones con un solo propósito: exigir justicia y denunciar la impunidad. Su presencia marcará las jornadas del paro nacional convocado del 26 al 29 de julio, en coincidencia con las Fiestas Patrias.
En una conferencia de prensa, la Organización Nacional de Familiares de Víctimas y Heridos de las Masacres de 2022 y 2023 confirmó la realización del paro nacional. La movilización —acordada meses atrás en una asamblea en Juliaca y convocada por ellos — incluye a estudiantes, organizaciones religiosas, gremios de transportistas y ciudadanos de Lima y otras regiones.
“El 26 de julio iniciaremos con una asamblea nacional. El 28 será el día central, con una marcha fúnebre simbólica”, explicó Yovana Mendoza, vicepresidenta de la organización y hermana de Jhon Mendoza Huarancca, asesinado el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.
“No hay justicia, solo impunidad”
Los familiares denunciaron que la mayoría de investigaciones fiscales por las muertes en protestas aún están estancadas en etapa preliminar. “Tenemos pruebas, pero los responsables no declaran”, sostuvo Milagros Samillán Sanga, hermana del médico Marco Antonio Samillán Santa, asesinado en Juliaca.
Killa Sotelo, hermana de Inti Sotelo, asesinado en las marchas de 2020, recordó que su familia recurrió incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “En el Congreso se protege a los responsables. Por eso seguimos luchando desde todos los frentes”.
Además, criticaron normas que —según sostienen— buscan blindar a los policías y militares implicados en la represión, como los proyectos de ley de amnistía presentados recientemente.
Actividades en Fiestas Patrias: de la vigilia al desfile popular
Entre los actos programados destacan una vigilia en San Cristóbal el 27 de julio y una marcha fúnebre con ataúdes simbólicos el 28, en memoria de los asesinados. El 29 de julio se realizará un desfile popular, como gesto de resistencia y memoria colectiva.
“Nosotros no venimos con armas, venimos con banderas, con fotos de nuestros seres queridos”, dijo Mendoza. “Queremos protestar pacíficamente, pero preocupa el despliegue anunciado por el general Sanabria de 20 mil policías. Pedimos garantías”.
Asimismo, las delegaciones regionales hicieron un llamado especial a la ciudadanía limeña. “No se puede seguir dándole la espalda al dolor del sur. Venimos a Lima a despertar al país”, dijo Sotelo.
Por su parte, Coraly Escobar, presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, subrayó que esta lucha también es por el futuro de los jóvenes: “Nos están quitando la educación, la salud, la vida. Este paro es también por dignidad”.
Gremios se suman a la jornada de protesta
Julio Campos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmó su participación en la protesta del 27 y 28 de julio convocada por la organización de familiares. El dirigente señaló que este año han sido asesinados más de 30 conductores por extorsión y violencia, sin que el Estado tome medidas efectivas.
“No hay nada que celebrar este 28. Nos sumamos a la lucha por justicia y contra la impunidad”, dijo Campos. También denunció que algunos líderes del transporte pactan con el Gobierno y desconocen las verdaderas demandas del sector.
Cabe precisar que Campos consideró que quedará en la conciencia de cada conductor si es que sale a protestar contra el gobierno o no, esto debido a que los crímenes no se detienen. Además, se refirió acerca del motivo de la suspensión del paro del 24 y 25 de julio, que responde a que las empresas de transporte habrían amenazado a los trabajadores con despedirlos o cerrar sus locales si no asistían a trabajar y se sumaban a la movilización.