El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, aseguró que el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte es una medida definitiva y no está sujeta a revisión. En declaraciones brindadas por la noche tras su salida del Congreso, el titular del MEF sostuvo que la decisión tiene fundamentos técnicos y se ha efectuado con cálculos “correctos”.
“Es un tema que ya está resuelto. No tenemos por qué dar marcha atrás en absoluto, porque creemos que se ha hecho el cálculo correcto. Corresponde que la persona que tiene la mayor investidura del Poder Ejecutivo tenga el sueldo más alto”, declaró Pérez Reyes ante la prensa, en medio de un contexto marcado por el descontento ciudadano y la controversia política.
De esta manera, la mandataria pasó de recibir una remuneración mensual de 16 mil a un sueldo de 35.568 mil soles, convirtiéndose en la funcionaria con mayor salario dentro del aparato estatal peruano.
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Congreso contra el aumento de sueldo
La defensa del Ejecutivo no ha detenido la ola de críticas al aumento. Desde el Congreso, ya se han presentado al menos doce proyectos de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual se oficializó el nuevo sueldo presidencial. Estas propuestas provienen de distintas bancadas, como Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y parlamentarios no agrupados.
La mayoría de estos proyectos plantean derogar por completo la norma, mientras que otros, como el impulsado por la congresista Francis Paredes (Podemos Perú), proponen que el incremento salarial entre en vigencia recién a partir del 28 de julio de 2026, al término del mandato de Boluarte.
Uno de los principales argumentos utilizados por los legisladores es que el nuevo sueldo presidencial superaría el límite legal establecido por la Ley 28212, que fija un tope de diez Unidades Remunerativas del Sector Público (URSP), equivalentes a S/ 26.000 mensuales para este año.
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Mientras tanto, desde Fuerza Popular, uno de los partidos con mayor representación parlamentaria, ya se ha anunciado que no respaldarán la derogatoria del decreto, lo que podría jugar a favor del Ejecutivo en una eventual votación en el Pleno.
Ministros podrían ser interpelados por el caso
Además de los proyectos legislativos, el Congreso evalúa otras medidas de control político. La Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos, ha iniciado la recolección de firmas para interpelar a los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes, quienes son considerados responsables directos de la aprobación y sustentación del polémico incremento.
Ambos ministros fueron citados para declarar ante la Comisión el pasado 4 de julio, pero no se presentaron. En respuesta, se aprobó un acuerdo para que el presidente del Congreso los convoque nuevamente y se impulse formalmente el proceso de interpelación.
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Según el ministro Pérez Reyes, el nuevo sueldo presidencial se estableció tras un análisis comparativo con otras presidencias latinoamericanas y en función de la estructura salarial del Ejecutivo peruano. De acuerdo con esta lógica, la jefa de Estado debe recibir un salario mayor que el resto de ministros y altos funcionarios.