En los últimos meses, venimos visitando ciudades del interior del país. Participamos en talleres y conferencias en universidades públicas y privadas, en las que exponemos mucha data y evidencia sobre los beneficios de las libertades económicas, así como sobre los problemas estructurales que arrastramos como país y que limitan el desarrollo y el bienestar.
De la interacción que tenemos con los jóvenes estudiantes, recurrentemente nos transmiten una preocupación: existe incertidumbre sobre las oportunidades que tendrían para insertarse en un mercado laboral competitivo. No les gustaría terminar cayendo en un mercado informal. Hoy, a diferencia de muchos años atrás, los jóvenes están informados. No solo perciben el deterioro político y la polarización de ideas, sino que lo interiorizan y les genera dudas sobre su futuro.
La crisis de gobernabilidad que atraviesa el Perú los afecta. Las acciones del Gobierno, en todos sus niveles, no aseguran una conducción ni un ordenamiento de la sociedad. Hoy no hay mano dura contra la ilegalidad ni el crimen organizado; y, como agravante, políticos con ideologías retrógradas justifican estos hechos como resultado de la falta de oportunidades.
Un reciente informe de Human Rights Watch da cuenta de lo anterior. A partir de entrevistas y del análisis de leyes y otras medidas aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo, concluye que el crimen organizado ha encontrado en el Perú condiciones únicas para operar con total impunidad. Responsabiliza a un Congreso disfuncional, que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico necesario para enfrentar a las organizaciones criminales, y a un Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar.
El Congreso habría entorpecido el mecanismo de colaboración eficaz, debilitando así los esfuerzos por desmantelar grupos criminales e identificar sus conexiones con funcionarios corruptos. Por otro lado, viene librando una lucha infructuosa contra la minería ilegal. Más de veinte años de normas han fracasado. Normas dirigidas a contrarrestar una actividad que no solo atenta contra el medio ambiente, sino que también promueve la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, sin haber tenido resultado alguno. Mientras tanto, el Ejecutivo parece atado de manos frente al accionar congresal.
Nuestros congresistas, salvo algunas excepciones, evidencian una falta de profesionalismo e interés legítimo por trabajar en beneficio de la sociedad. Curules vacías y múltiples ausencias en comisiones darían cuenta de un nivel grosero de aprovechamiento del sistema de trabajo virtual. Esto se confirma de tanto en tanto en sus intervenciones, cuando, por error, dejan abiertos sus micrófonos y se escuchan partidos de fútbol de fondo, o hasta se filtran conversaciones en las que exponen su desconocimiento sobre el voto que acaban de emitir en sesión plenaria.
Más del 75% de jóvenes entre 18 y 25 años está dispuesto a emigrar, según una encuesta de Ipsos. En un escenario próximo, recomponer la gobernabilidad y la institucionalidad del país es urgente. De no ser así, seguiremos en la misma espiral, con un incremento del descontento social y más jóvenes capacitados saliendo del país en busca de algo mejor.
La crisis de gobernabilidad también nos resta capital humano.