El accidente nuclear de Chernóbil en 1986 y sus consecuencias sobre la población, el desarrollo regional y la geopolítica global, provocaron un declive en las industrias nucleares a nivel mundial. Este impacto fue aún más fuerte en países en vías de desarrollo, donde la inestabilidad institucional agravó la situación. En el caso del Perú, se pasó de realizar la mayor inversión en ciencia y tecnología de su historia —con la construcción del Centro Nuclear de Huarangal y el impulso del Plan Nuclear— a enfrentar, desde los años noventa, una drástica reducción del presupuesto y del personal del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
Desde entonces, el IPEN no ha recibido incrementos significativos en su presupuesto operativo ni en su escala salarial, lo que limitó sus capacidades de gestión. A pesar del esfuerzo de sus autoridades y trabajadores, esta situación derivó en un rendimiento restringido de sus responsabilidades y servicios. La escasez de recursos dificultó la adquisición de equipamiento nuevo, impidiendo la actualización de su infraestructura y el reemplazo de implementos obsoletos o en estado crítico de reparación.
No obstante, la energía nuclear vuelve a posicionarse como una opción estratégica. Países como Francia obtienen cerca del 70 % de su electricidad mediante energía nuclear, y el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica ha impulsado avances como los reactores modulares pequeños (SMR). Estos desarrollos evidencian que la nucleoelectricidad no es exclusiva de naciones desarrolladas, sino también viable para países en desarrollo.
En ese contexto, el Perú se ha venido sumando al debate internacional sobre la transición energética, y desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo se trabaja, desde el año pasado, en iniciativas para incluir la energía nuclear en la matriz energética nacional. Esto implica revisar la Ley 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas, especialmente su artículo 5, que restringe el uso de energía nuclear, y evaluar su adecuación a las necesidades del país.
Gracias a este impulso político, en 2024 el IPEN logró un incremento cercano al 50 % en su presupuesto, luego de más de dos décadas sin aumentos. Para 2025, se espera continuar con esta línea de crecimiento, lo cual permitiría fortalecer seis de los productos institucionales en curso. Asimismo, se proyecta una mejora coherente en la escala salarial que permita recuperar el talento especializado que reside fuera del país y reforzar la masa crítica nacional. Todo ello con el objetivo de garantizar una evolución sostenida del sector nuclear peruano y una institucionalidad sólida.
Este proceso de transformación no solo implica gestionar recursos ante el Congreso o el Ejecutivo, sino también replantear las estructuras internas del IPEN. Se busca romper con la pasividad institucional instalada como zona de confort, para renovar la visión de función pública de trabajadores y funcionarios. Es fundamental que la institución se enfoque en atender las necesidades del país y no en dinámicas individuales que puedan frenar su desarrollo.
El camino hacia una institucionalidad fortalecida pasa por redefinir el papel del IPEN en el presente y el futuro del Perú. En tiempos donde la energía, la salud, el medio ambiente y la tecnología convergen, el rol del instituto debe ser dinámico, estratégico y comprometido con el interés público. Apostar por la energía nuclear como recurso limpio y eficiente requiere una institución moderna, bien equipada, con profesionales capacitados y una gestión centrada en resultados.
Solo así podremos garantizar que el IPEN esté a la altura de los retos que demanda una transición energética justa, sostenible y con visión de país.