Una presunta organización criminal, integrada por extrabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Nauta y empresarios locales, fue intervenida por las autoridades tras detectarse un millonario perjuicio contra el Estado. Según la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, los involucrados habrían desviado recursos públicos para financiar actividades políticas en la provincia de Loreto-Nauta, en la región Loreto.
El operativo, coordinado entre la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y unidades especializadas de la PNP, permitió la ejecución de 26 allanamientos en simultáneo en inmuebles de Iquitos y Nauta. Las diligencias se realizaron como parte del desmantelamiento del denominado ‘Clan del Cheque’, al que se le atribuyen prácticas como la emisión de documentos financieros falsos, contratos simulados y cobros sin sustento legal.
Funcionarios investigados por desvío de fondos públicos
Durante el despliegue fiscal y policial se intervinieron propiedades de exfuncionarios, trabajadores administrativos y empresarios contratistas de la UGEL Loreto-Nauta. Las investigaciones apuntan a que estos actores utilizaron el sistema administrativo de la institución educativa para emitir órdenes de servicio inexistentes y justificar transferencias a terceros sin respaldo contractual.
Según el medio RPP, entre los primeros detenidos figuran Jorge Abel Moss Vásquez, quien se desempeñó como administrador de la UGEL; Roy Llony Vásquez Manuyama, exasistente de administración; y Carlos Antonio Valles Torres, quien lideró el área de planillas. También fueron capturados Lesther Onan Alvan Souza, exresponsable de personal; Jhons Maycoc Vásquez Nuve, quien ocupó el cargo de tesorero; y Javier Salazar del Águila, gerente de una empresa comercial vinculada a los pagos cuestionados.
La intervención no solo apunta al aparato administrativo de la UGEL, sino también a actores políticos de la región. En el marco de la investigación, se identificó al exgerente regional de Educación, Edilberto Panduro, como uno de los presuntos responsables. Asimismo, figura el actual regidor provincial de Maynas, Steven Dávila Ruiz, y el excandidato Guido Coronel Zumaeta, quienes estarían relacionados con el desvío de fondos en el contexto de una campaña electoral.
Fiscalía investiga delito de peculado doloso agravado
El Ministerio Público ha formalizado una investigación preliminar por el presunto delito de peculado doloso agravado y ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de los implicados. La hipótesis fiscal sostiene que los miembros de esta red se apropiaron de dinero estatal a través de mecanismos fraudulentos dentro de la UGEL, en complicidad con proveedores y personajes vinculados al ámbito político.
La emisión de cheques sin sustento y la manipulación de contratos habrían sido parte de una estrategia sistemática para retirar fondos de las arcas del Estado con fines ajenos a la función pública. Las órdenes de servicios fantasmas y la creación de expedientes administrativos con documentación adulterada forman parte del patrón de comportamiento identificado por las autoridades.
De acuerdo con fuentes policiales, el monto total sustraído supera el millón de soles. Este dinero habría sido utilizado, en parte, para financiar campañas políticas en la región, lo que podría configurar además el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas. Las indagaciones buscan establecer el grado de responsabilidad de cada implicado y el destino específico de los fondos desviados.
Más de 20 investigados y nuevas diligencias en curso
En total, son más de veinte las personas bajo investigación en este caso. La red estaría compuesta por funcionarios que aprovecharon sus cargos en la UGEL para direccionar pagos y aprobar transacciones irregulares con proveedores afines. Además de los detenidos, se ha identificado a otros exservidores y actuales autoridades que serán citados por el Ministerio Público en los próximos días.
Las diligencias continuarán en la región Loreto, y se prevé el análisis de información contable y bancaria de la UGEL durante el periodo en que operó esta organización. El objetivo de la Fiscalía es trazar el flujo del dinero extraído y establecer si existieron órdenes superiores o pactos entre autoridades y empresarios para ejecutar el presunto desfalco.
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