Uno de los grandes problemas en el sector pesquero peruano es la construcción desmedida y no regulada de embarcaciones en astilleros ilegales. Aunque suele presentarse como una expresión del impulso a la pesca artesanal, en la práctica está alimentando la expansión ilegal y descontrolada de una flota informal, con implicancias serias en materia ambiental, económica, institucional, normativa e inseguridad para los tripulantes.
En teoría, la pesca artesanal debe operar con embarcaciones pequeñas, registradas y limitadas en número, conforme al Régimen de Pesca Artesanal (Decreto Supremo N.º 015-2007-PRODUCE). Sin embargo, como bien advierte el estudio de la Universidad Continental (2024), denominado “La Pesca en el Perú una Ruta Hacía un Futuro Próspero y Sostenible” (en adelante, “el libro blanco de la pesca en el Perú”), determina que el número de embarcaciones artesanales ha crecido fuera de toda lógica ecosistémica y fuera de control normativo, generando: a) Sobrepesca en zonas costeras vulnerables; b) Conflictos crecientes entre flotas artesanales e industriales; c) Infiltración de actores industriales en la pesca artesanal encubierta; y, d) Omisión en la trazabilidad y control del esfuerzo pesquero.
En el año 2018 se aprobó el Decreto Legislativo N.º 1393, norma que regula las acciones de interdicción en actividades pesqueras ilegales. Este dispositivo legal establece el marco para la ejecución de interdicciones conjuntas entre entidades como PRODUCE, la Dirección General de Capitanías (DICAPI), la Policía Nacional y el Ministerio Público, incluyendo específicamente la intervención sobre astilleros ilegales como parte del combate integral contra la pesca ilegal y las actividades conexas.
Según datos del Libro Blanco de la Pesca en el Perú, estos astilleros ilegales operan en terrenos sin habilitación, con madera de origen no trazable y sin ningún tipo de control técnico, tributario o ambiental.
El crecimiento desmedido en la construcción de cascos para embarcaciones artesanales está directamente vinculado a la ausencia de fiscalización en los astilleros ilegales, donde se fabrican embarcaciones sin control del Estado ni exigencia de certificaciones técnicas o permisos formales. El Libro blanco de la pesca en el Perú evidencia la existencia de un vacío estructural en la fiscalización de estos talleres, particularmente aquellos que operan en zonas rurales o espacios informales. No existe supervisión efectiva por parte del Ministerio de la Producción (PRODUCE) ni tampoco una coordinación operativa con los gobiernos regionales, lo que ha permitido la proliferación de una infraestructura clandestina sin control ni trazabilidad.
La consecuencia de la insuficiente fiscalización, es que facilita la construcción de nuevas embarcaciones sin pasar por el registro oficial; que no se exija cumplimiento de normas técnicas, de seguridad ni ambientales; y, que se genera el incremento desmedido en el número de embarcaciones artesanales operando sin licencia ni monitoreo.
Esto incumple la base de la Ley General de Pesca (Decreto Ley Nº 25977), que establece que toda actividad pesquera debe desarrollarse en función de la sostenibilidad de los recursos. La proliferación no controlada de embarcaciones va contra ese mandato.
Ante esta problemática, advertimos como consecuencia directa impactos en los ámbitos ambiental, jurídico, institucional y económico.
En el plano ambiental, la construcción indiscriminada de embarcaciones no solo incrementa la presión sobre especies pesqueras en estado crítico —como la lisa, la pota o la anchoveta—, sino que además fomenta la tala ilegal de madera en los bosques secos del norte, donde se emplean especies protegidas, como el faique, sin trazabilidad ni control forestal alguno.
En lo jurídico, porque actualmente no existe una tipificación penal que sancione directamente la construcción ilegal de embarcaciones. El sistema legal se enfoca en castigar la pesca ilegal, pero deja sin sanción las actividades que la habilitan y la perpetúan.
En lo institucional, porque tanto PRODUCE como la Dirección General de Capitanías (DICAPI), no cuentan con capacidad operativa para identificar, fiscalizar o clausurar estos talleres; y porque los gobiernos locales tampoco ejercen acciones de control efectivo, ya sea por falta de competencias, recursos o voluntad política.
La DICAPI sanciona con una multa de 2 a 5 UIT a aquel armador que construya una embarcación en un astillero ilegal; sin embargo, no aplica ninguna sanción para el propietario de aquel astillero.
En lo económico, porque esta oferta paralela de embarcaciones no registradas da lugar a una flota informal que opera sin cumplir estándares técnicos, tributarios ni sanitarios, generando una competencia desleal frente a los armadores formales y debilitando los incentivos a la legalidad y sostenibilidad en el sector.
Combatir la pesca ilegal implica más que fiscalizar en el mar. La intervención debe darse desde donde se inicia todo: en los astilleros. La ilegalidad existe en todo ámbito de la línea de la actividad pesquera, no solo en el mar. El problema debe erradicarse desde la raíz, de lo contrario seguiremos repitiendo el ciclo. Un Estado que no controla quién construye su flota artesanal está condenado a perder el control total.
Mientras se discuten grandes reformas del sector pesquero, los astilleros ilegales siguen produciendo embarcaciones como si los recursos marinos fueran infinitos. La ausencia del Estado en este punto ciego del sistema pesquero amenaza con desbordar cualquier intento de ordenamiento. Si no se regula el origen de las embarcaciones, cualquier discurso de sostenibilidad queda en letra muerta.